Techo Digno: pidieron el sobreseimiento de Martini

(ADN).- La defensa de la ex intendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, rechazó la acusación de los delitos de administración fraudulenta y peculado en la causa Techo Digno, y pidió su sobreseimiento. Fue ayer durante una nueva audiencia, en la que el fiscal jefe, Martín Lozada, insistió en su acusación.

La sesión ingresó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9. En ese momento se conocerá la definición el juez de control de acusación, Marcelo Álvarez Melinger, que podría sobreseer a Martini o apoyar a la Fiscalía con respecto a la tipicidad de los delitos y elevar la causa a juicio.

Sebastián Arrondo, abogado de la ex jefa comunal, afirmó que en ninguno de ambos delitos se corresponde la tipicidad del Código Penal en el caso. Aclaró que no cuestionan la prueba reunida para ambas acusaciones, y comenzó rechazando la figura del peculado, no sólo referida a un eventual “perjuicio económico” sino también a la “traición a la confianza” depositada en la autoridad a cargo de la custodia de los fondos municipales.

“En ninguno de los dos aspectos está la tipicidad o conducta típica del delito de peculado, ya que no se quitó el dinero de la custodia pública, no sé pasó por encima de ese deber, y no hubo lesión al patrimonio”.

Destacó que el delito referido implica además la “apropiación” de los fondos con el “fin de enriquecimiento propio o de terceros”, lo que descartó por completo señalando que Martini vive siempre en la misma casa, en las mismas condiciones y hasta con el mismo auto que tenía hace diez años, cuando administró el programa Techo Digno.

También recordó que la acusación apuntó al retiro de los fondos remitidos por el Gobierno nacional del Banco Nación para depositarlos en plazos fijos en el banco Credicoop, para proteger su valor ante el contexto inflacionario.

Destacó que esa operación fue aprobada por todos los órganos de control establecidos, en especial el Tribunal de Cuentas y el Concejo municipal. Incluso dijo que el TdC presentó en este proceso un informe sobre la operación, que concluye negando que Martini deba ser sometida a un juicio de responsabilidad.

“No se sacó el dinero de la debida custodia y en todo caso, en el lugar de mi defendida deberían estar también las 30 personas que observaron y aprobaron la operación”, sostuvo.

Con respecto a la administración fraudulenta, Arrondo señaló que tampoco en este caso se tipifica la figura penal.

Reseñó el inicio de la causa, promovida por el fallecido juez federal Claudio Bonadío, se basó en la acusación de adulterar los certificados de avance de obra y los pagos en consecuencia. “Acusan a la ex intendenta de adulterar o falsificar estos certificados en convivencia con empresarios, y quedó demostrado que eso no ocurrió”, dijo, lo que también fue auditado y controlado por los organismos del caso.

El abogado agregó que la Fiscalía se basó en una diferencia del 10 por ciento para demostrar el fraude, considerando que además de exigua hubiese sido imposible de percibir por Martini. “No hubo perjuicio al erario municipal, no hubo omisión a la Carta Orgánica, está todo debidamente informado y controlado. No hay tipicidad que se ajuste a la figura penal”, afirmó.

También pidió al juez que evalúe la acusación de ambos delitos a la luz de la ley 27.613, promulgada por el Congreso nacional, para la reactivación de las obras paralizadas a partir de los porcentajes de avances registrados, con declaraciones juradas de los profesionales convocados al efecto. “Eso constituyó un blanqueo legal para la construcción en base al grado de avance. No hubo daño al patrimonio en ninguno de los casos, y esta ley debe aplicarse en el análisis de la acusación”, señaló.

Por su parte, Lozada repitió la acusación por ambos delitos, ampliamente expresada en una audiencia anterior, aunque aclaró que no acusó a Martini de enriquecimiento ni de llevarse fondos a su casa. En ese sentido destacó que en cuanto al peculado no es necesario que haya habido un enriquecimiento de la acusada. “Ni siquiera exige que haya sufrido perjuicio el Estado e incluso cabe el delito aunque los fondos pueden haber mejorado”, dijo.

Lozada consideró establecida la tipicidad de ambos delitos, porque Martini “sacó de la custodia y puso en riesgo” los fondos, y además pagó avances de obra en base a “certificados fraudulentos”.

Entre los acusados también figura Alfredo Milano, funcionario de la gestión de Martini, y el empresario Juan Castelli, de una de las empresas a cargo de las obras.