Techo Digno: el juez habilitó el proceso contra Martini
(ADN).- El juez de control de acusación, Marcelo Álvarez Melinger rechazó ayer los planteos de atipicidad de los delitos de fraude a la administración pública y peculado que planteó la defensa de la ex intendenta María Eugenia Martini para pedir su sobreseimiento, y habilitó la continuidad del proceso que investiga presuntas irregularidades en el marco de la causa Techo Digno.
Tras su decisión, Álvarez Melinger dio paso a la lectura completa del caso y la acusación a cargo de la Fiscalía. Pero en plena lectura, el Juez dispuso un cuarto intermedio hasta hoy viernes, cuando se prevé que al término de la lectura, finalizará el control de acusación y ordenarán a la Oficina Judicial el inicio del juicio.
La causa se refiere al programa de construcción de viviendas sociales Techo Digno, y los delitos señalados a la ex Intendenta se basan en su decisión de transferir los fondos enviados por el Gobierno nacional del Banco Nación al Credicoop para invertir en dinero en plazos fijos; y por pagar avances de la construcción en base a certificados de obra “fraudulentos”.
El fiscal Jefe Martín Lozada y el fiscal del Caso Guillermo Lista consideraron que esas operaciones constituyeron los delitos de peculado y administración fraudulenta.
Lozada argumentó que al sacar el dinero del Banco Nación lo quitó de la custodia debida y lo puso en riesgo, y que pagó indebidamente avances de obra en base a certificados fraudulentos, para favorecer a las empresas privadas Oriente y Alusa. En principio directivos de ambas empresas estaban acusados en el proceso, aunque el titular de Alusa fue sobreseído por cuestiones de salud, mientras Juan Castelli de Oriente sigue en el juicio.
Sebastián Arrondo, abogado de Martini, había planteado ayer la falta de tipicidad de ambos delitos, destacando que Martini no sacó de la debida custodia ni puso en riesgo los fondos recibidos de Nación, ni se quedó con dinero del programa, sino que por el contrario lo defendió de la inflación.
Además, dijo que la acusación de fraude se basa en una diferencia del 10% entre el avance de obra y los certificados, cosa que era imposible para ella determinar. Y destacó que, en ambas cuestiones, lo actuado por la ex Intendenta estuvo controlado y aprobado por todos los organismos correspondientes.