Ficha Limpia: «El Poder Judicial es idóneo?»
(ADN).- «El Poder Judicial, que excluiría a ese ciudadano de la posibilidad de competir, ¿es idóneo o algunos jueces son más mafiosos que los políticos que quieren sacar de la carrera? ¿Un gobernador que maneja la justicia en su provincia no podría usar esta ley como una forma de seleccionar quiénes son los candidatos de su oposición?».
Los interrogantes fueron planteados por el editorialista Carlos Pagni en su programa de La Nación+ «Odisea Argentina», y son parte de su columna en el diario al abordar el proyecto Ficha Limpia que impulsó el PRO, las fallidas sesiones por falta de quórum y las suspicacias a partir de un pacto Milei-Cristina.
Pagni plantea un problema institucional y evidencia «distorsiones» en el sistema democrático que hacen revisar la iniciativa por la influencia política en la Justicia, y la tentación a la proscripción de opositores políticos, no solo en el ámbito nacional, sino también en las provincias, donde el poder de los mandatarios podría influir sobre los fallos.
A continuación, el fragmento del editorial:
«La dinámica caótica en los bloques parlamentarios también se refleja en las relaciones entre el oficialismo y la oposición. Aquí se observa la compleja relación de Milei con Cristina Kirchner y el kirchnerismo. Hay un intento del Presidente por acordar con Cristina, motivado por un temor sensato: el kirchnerismo es el único actor político capaz de desestabilizar la escena pública, frente a un Milei con bastante consenso popular pero poco poder institucional. Este temor al peronismo, y especialmente al kirchnerismo, se asocia a la amenaza latente de desorden e ingobernabilidad, en especial en el conurbano bonaerense.
Este temor ha llevado a concesiones notables. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que Cristina Kirchner fue víctima de una persecución política, adoptando la narrativa del ‘lawfare’ que denuncia el kirchnerismo. En su momento se pensó en designar a María Eugenia Talerico, una figura identificada con el antikirchnerismo, como directora de Migraciones, pero Milei vetó su nombramiento debido a las querellas que ella había impulsado contra la señora de Kirchner. Por otra parte, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le quitaron el manejo de las custodias presidenciales porque la expresidenta no quería que dependieran de alguien que considera su principal adversaria. Milei accedió, y ahora las custodias reportan a la Casa Militar.
Todas estas concesiones reflejan un intento de Milei por mantener una relación funcional con el kirchnerismo, en donde evita adoptar una postura de confrontación directa como la que caracterizó al gobierno de Macri. Milei no busca convertir a Cristina en el símbolo de ‘lo otro’, todo lo que no es La Libertad Avanza. Esta estrategia ha permitido acuerdos como el de la ley de ficha limpia. Una ley cuyo concepto, inclusive su nombre, está importado desde Brasil y que introduce un enorme problema: cruzar el derecho penal con el derecho electoral. Hacer que, cuando hay determinadas condenas judiciales, un ciudadano sea privado de su derecho a ser elegido y a postularse. Un ciudadano que quiere ser candidato pero tiene una sentencia de primera instancia que lo condena y una segunda sentencia que lo condena en un tribunal de alzada no puede postularse. En el caso de Menem, llegó a la Corte que no se expidió y, por lo tanto, las condenas quedaron en suspenso. La ley de ficha limpia pretende eliminar esa posibilidad: eliminar que el recurso ante la Corte mantenga el derecho a postularse. Es decir, un candidato que, como Cristina Kirchner, tiene primera instancia con condena, segunda instancia con condena, aunque recurra ante la Corte, no podría ser candidato.
Es una cuestión donde la política, a través del Congreso que sanciona esa ley, pretende ser edificante: emitir un mensaje moral, la aspiración de ‘sanear la política’. Pero después aparecen los problemas. No es tan sencillo, no es tan lineal. El primer problema es: el Poder Judicial, que excluiría a ese ciudadano de la posibilidad de competir, ¿es idóneo o algunos jueces son más mafiosos que los políticos que quieren sacar de la carrera? ¿Un gobernador que maneja la justicia en su provincia no podría usar esta ley como una forma de seleccionar quiénes son los candidatos de su oposición? Son preguntas que se hacen algunos diputados y, por eso, dicen: ‘Nosotros no vamos a votar esta ley’.
Hay otro problema que ya no tiene que ver con lo moral, sino con lo político, un problema difícil de resolver, que se vio en Brasil. Aunque uno adhiera a la idea de excluir gente por corrupción, aunque crea que esa condena es legítima y crea en la autoridad y la sensatez de los jueces que la decidieron, no despeja el problema que introduce en la política el hecho de quitar a un actor importante en el juego democrático. Lo que pasó en Brasil: se lo sacó a Lula, apareció Bolsonaro, y un sector de la opinión pública y del electorado brasileño siente que eso es una malversación del juego, sobre todo porque después el juez Sergio Moro, que sacó a Lula, terminó como ministro de Bolsonaro. Con lo cual quedó la imagen de que era una patraña, una maniobra.
Supongamos que Cristina Kirchner está bien condenada, cosa que cree muchísima gente, seguramente la mayoría. Supongamos que no hubo ‘lawfare’. ¿Por qué? Porque hubo muchas instancias que se pudieron revisar unas a otras; es muy difícil pensar en la complicidad de 15 juzgados para perseguir a alguien; y hay pruebas en los expedientes. Aun así, sigue siendo un problema para la democracia tener que excluir, aunque sea por razones atendibles, a una gran protagonista del juego, alguien con legitimidad política en quien mucha gente se siente representada. Por eso, cuando la corrupción se vuelve sistemática, endémica, como pasa en la Argentina y en otros países de América Latina, esa enfermedad genera distorsiones en el sistema democrático, más allá del problema moral o económico que entraña».