Vence el plazo para definir la situación del defensor suspendido por mobbing

Bariloche (ADN).- La próxima semana vence el plazo de suspensión del defensor del Pueblo, Vicente Mazzaglia, quien fue denunciado por violencia de género y laboral. Los concejales esperan la conclusión de la investigación y sumario que realiza la Secretaría de Control de Gestión para definir la situación del funcionario, mientras que ya se evalúa convocar a un nuevo llamado para cubrir el cargo que vence en abril.

Mazzaglia fue suspendido por primera vez el 5 de junio por un plazo de 90 días que se prorrogaron por 90 días más en septiembre. La definición la adoptó el Concejo Municipal quien reclamó la responsabilidad del Ejecutivo a través de la Secretaría de Control de Gestión que nuclea a Salud Laboral, para que concluya la investigación iniciada.

Salud Laboral tomó entrevistas a las cinco empleadas denunciantes y constató –según un documento enviado a los concejales- que existieron casos de violencia laboral en el ámbito de la Defensoría y que el clima de tensión en el área, concluyó al apartar a Mazzaglia del cargo.

Sin embargo, ni Control de Gestión, ni el Tribunal de Contralor, quisieron avanzar en la investigación y fue el Concejo Municipal el que ordenó que se concluya con el sumario interno y se entregue a los ediles un informe de la situación para que determinen acerca del futuro del defensor del Pueblo.

Meses atrás los concejales insistieron en que la investigación de lo sucedido en la Defensoría y la acreditación de la existencia de mobbing no puede realizarla el mismo cuerpo que lo designó, por eso aguardan el informe de Control de Gestión para definir la continuidad o no del funcionario actualmente suspendido.

El mandato de Mazzaglia vence en abril próximo por eso en el Concejo Municipal ya evalúan lanzar la convocatoria de postulación debido a los plazos que se deben cumplir y en función del receso que tendrán en el verano.

La anticipación de la designación del futuro defensor sería otra solución que evalúan los concejales en caso de que se decida desplazar de manera definitiva al actual funcionario si se acredita en el informe oficial la existencia de hechos de violencia laboral que ameriten su destitución. (ADN)