“Reformar la constitución provincial para democratizar la justicia”● Arabela Carreras:
El debate sobre la reforma del poder judicial no es nuevo en nuestra provincia. Desde las organizaciones civiles y desde la oposición, a lo largo de los años, diferentes voces se alzaron reclamando y proponiendo reformas en el sistema de designación, evaluación y remoción de los jueces y funcionarios judiciales.La hegemonía ejercida por el radicalismo, apoyada por la fuerte tendencia conservadora de las corporaciones de abogados y magistrados, pospuso el debate indefinidamente y mantuvo las propuestas reformadoras en la periferia discursiva. Sin embargo, el cambio de gobierno que votó la ciudadanía en el año 2011 inició un proceso transformador en todas las instituciones del Estado: la periferia comienza a ocupar el centro.
El proceso de designación de los jueces y funcionarios judiciales en Río Negro se ha convertido en una caja oscura con tres instancias de evaluación de los candidatos: ponderación de los antecedentes, evaluación escrita, entrevista ante el Consejo de la Magistratura.
La evaluación de los antecedentes constituye un primer filtro en el que se cercena la posibilidad de producir una renovación etaria en la justicia, porque los jóvenes no pasan esta primera instancia. Los resultados de las evaluaciones escritas son inapelables y sólo podemos conocer de ellas unas escuetas actas en las que se califica a los postulantes, del todo insuficientes para valorar la imparcialidad de dichas calificaciones. Finalmente, la entrevista ante el Consejo de la Magistratura está dominada por la camaradería de los abogados que en sus diferentes roles (ejercicio libre de la profesión, jueces, y, en algunos casos, legisladores) se esfuerzan por establecer criterios justos y ecuánimes, pero que no escapan a la lógica dominante que tiende a reproducir el sistema pero no a transformarlo.
¿Dónde están las voces de los destinatarios de la justicia? ¿Dónde las víctimas? ¿Dónde los excluidos? ¿Por qué las cárceles están llenas de pobres? ¿Cuáles son las verdaderas garantías con las que cuenta un ciudadano común cuando ingresa al kafkiano sistema judicial?
Finalmente, ¿alcanza con una ley para revertir décadas de consolidación de privilegios? El Poder Ejecutivo provincial unido a la Legislatura de Río Negro, con el apoyo de las organizaciones, ¿tiene la capacidad de impulsar la reforma necesaria?
Si queremos verdaderamente rediscutirlo todo y no simplemente pasar a la historia como luchadores fracasados contra molinos de viento, si queremos que el debate se traduzca en reforma, si queremos que la reforma no signifique un lavado de cara que consolide privilegios adquiridos… si esperamos, en definitiva, rediscutir el poder para redistribuir la riqueza, entonces debemos involucrar al ciudadano en el proceso.
La reforma de la Constitución Provincial es la herramienta adecuada para instrumentar la participación ciudadana, ya sea a través de la convocatoria a una nueva Convención Constituyente o por el sistema de Enmienda, dado que en ambos casos la ciudadanía se expresa a través del voto. Sólo la legitimidad de los votos nos dará el respaldo suficiente para iniciar una empresa de tal magnitud.
Varios de los legisladores integrantes del Bloque del Frente para la Victoria alzaron sus voces evidenciando diferentes aspectos en que es necesario reformar el sistema de justicia. Pedro Pesatti, presidente del bloque, Susana Diéguez, Ricardo Arroyo, Jorge Barragán, entre muchos otros, han expresado con vehemencia las falencias del sistema judicial. La legisladora Silvia Horne es la impulsora del proyecto de creación de una Comisión para el análisis de la normativa existente y la propuesta de reforma. Proponer esto desde la oposición nos permitió sentar precedentes e iniciar un camino, sostenerlo desde el gobierno, es revolucionario.
La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha puesto en primer lugar de la agenda pública la reforma de la justicia a nivel nacional. Con ello demuestra nuevamente su profundo conocimiento de los problemas que enfrentan transversalmente los argentinos en todos los rincones del territorio.
El gobierno de Río Negro, liderado por Alberto Weretilneck, ya ha demostrado su convicción y su decisión de no permanecer ajeno a este movimiento que desembocará en una nueva etapa de la historia nacional y provincial.
Ahora es necesario que los ciudadanos de la provincia puedan expresarse, puedan elegir qué rumbo se le dará a la justicia en este futuro innovador que empezamos a construir.
La ciudadanía ha militado mucho para conseguir leyes que expresen esta nueva sociedad en que vivimos: reconocimiento de derechos de las mujeres, matrimonio igualitario, reivindicaciones de los pueblos originarios, leyes de lucha contra la trata de personas, etc. Ahora necesitamos que los jueces, los fiscales, los defensores aprendan a aplicar estos instrumentos legislativos y sean parte de la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más digna para todos.
Lic. Arabela Carreras
Legisladora Frente para la Victoria
Integrante del Consejo de la Magistratura