Arriola propone un sistema de seguridad con participación popular e inclusión social

Viedma (ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck formalizó cambios en el área de seguridad, manteniendo la conducción civil de la Policía, sumando un departamento específico de estudio y confección de un nuevo andamiaje legal. Se anunció que se  profundizará un  esquema de inclusión social para prevenir el delito.

A partir de ayer, Martha Arriola asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Justicia.

Arriola desembarcó en Río Negro de la mano de su antecesor, Miguel Bermejo, a quien elogió y consideró que, al margen de las modificaciones, continúa formando el equipo que llegó en junio de 2012.

“El gobierno está perfectamente alineado con el pensamiento de Néstor y Cristina respecto de que no se reprime la protesta social”, subrayó la funcionaria marcando un lineamiento ideológico al protocolo de seguridad kirchnerista.

Y remarcó que el “corazón” de su gestión será la participación popular.

Arriola consideró que debe existir un gobierno político de la seguridad, convencida que las políticas se construyen integralmente: salud, educación, cultura, deportes, obras públicas, acción social.

“Debe haber una conducción política” insistió, y manifestó que “nuestro proyecto tiene un norte y una inclusión en el proyecto político provincial y nacional”.

Arriola aseguró que el gobierno que conduce Weretilneck “está de pie y organizado”.

De lleno en su área de competencia, la Secretaria no descartó que en algún momento se produzca la separación del organismo del Ministerio de Gobierno: “hay experiencias exitosas en otras provincias” justificó. Sin embargo, aclaró que no será en lo inmediato, y valorizó el rol de Luis Di Giácomo como titular de la cartera política e “impulsor” de políticas públicas de seguridad.

Arriola adelantó que la Subsecretaría de Seguridad y Justicia se dividirá, ya que abarca un campo de trabajo extenso y aborda temas que requieren una atención particular.

La funcionaria hizo hincapié en la participación popular y el compromiso ciudadano para prevenir el delito, y ponderó la inclusión social como herramienta, un objetivo que se logra a partir del trabajo de todos los actores del Gobierno, y así lograr el abordaje integral de la problemática de la inseguridad.

Puntualmente sobre la tarea de la Policía, Arriola evaluó que para una población como la de Río Negro debiera haber unos 8.000 efectivos en servicio. Hoy la Provincia cuenta con unos 6.000. “Por caso –explica la Secretaria- Bariloche tiene 500 policías y debiera tener el doble, pensando en la profesionalización de la fuerza y la creación de cuerpos especializados”.

De esta manera también, se evita la recarga laboral y que el agente haga horas extras que, hasta ahora no se cobraban y, “por una decisión política del gobernador se empiezan a percibir”. La meta se espera cumplir en dos años. “Tenemos que generar una dinámica de reclutamiento”, reconoce, y  asegura que “tenemos que ir armando equipos de trabajo en cada lugar”, apostando al proceso de anclaje territorial.

En ese marco, anunció que “se terminan los traslados” que producen desarraigo y conflictos familiares. Es por ello que se potenciará la carrera policial por zonas y se crearán escuelas de cadetes en distintas ciudades.

Arriola  explicó a ADN el programa “Río Negro, seguridad con  inclusión social” que contiene seis ejes fundamentales: el gobierno político de la seguridad; la reforma del sistema de seguridad; la participación popular; el trabajo territorial; y el sistema penitenciario.

La Secretaria recordó que se declaró la emergencia carcelaria para poder optimizar el Servicio Penitenciario. Aseguró que en la provincia hay alrededor de 700 internos y evaluó que “no es un número inabordable para un Estado que se hace cargo de la problemática”, con metas a mediano y largo plazo.

En ese sentido dijo que se apunta a mejorar la infraestructura y la capacitación a los agentes penitenciarios. Vaticinó que en dos años se terminará de reemplazar a los agentes de policía que aún hoy prestan servicios en las cárceles por operadores civiles.

“Lo que está tan destruido es difícil de recomponer. Pero la buena noticia es que se puede y vamos en ese camino” dijo, y anticipó que en Bariloche la obra será completamente nueva reemplazando la vieja alcaidía, “que será modelo” buscando garantizar las buenas condiciones de vida de quienes están alojados, y quienes allí trabajan.

Arriola manifestó que habrá refacciones en otros centros de detención, como en General Roca. Y abogó por una “nueva cultura interna de trabajo: la población todavía está mezclada y hay que diferenciar a los internos de acuerdo a los delitos y trabajar para su recuperación y reinserción. Tenemos que fortalecer el Instituto de presos y liberados y enlazarlo a otros organismos clave del Estado”.

Sobre la reforma del sistema de seguridad anunció la creación de división de policía de investigaciones: “hay policías muy probos, pero necesitan un apoyo del gobierno que no han tenido en capacitación, tecnología, recursos y herramientas”. También se creará el área de análisis delictual.

Y dijo que hay que “acompañar la formación de la Regionales. Prevenir, hacer buenos diagnósticos, mapas. Tiene que haber inteligencia criminal; sino estamos ciegos”. “La policía tiene que estar preparada”, expresó.

Arriola se explayó sobre la participación popular: “estamos convencidos que una comunidad organizada y consustanciada con la problemática, y con una Secretaría en perfecta interrelación con otras áreas del Estado, se puede prevenir el delito. Tenemos que trabajar con la población joven –dijo- que a veces es protagonista de delitos, aún a sabiendas que detrás hay adultos organizados, de manera de brindarle herramientas de inclusión”.

La Secretaria contó que ya existe en marcha un proceso barrial en las ciudades de Regina, Viedma y Bariloche, donde se potencia la participación ciudadana, la prevención del delito y el control ciudadano de la fuerza policial.

Sobre el trabajo con los municipios (política territorial) planteó crear áreas específicas, y trabajar coordinadamente en temas de competencia local como iluminación, control de venta de alcohol, transito, etc.

Propuso adherir en lo inmediato al programa nacional de agencia de seguridad vial, y trabajar junto a Defensa Civil y los consejos interinstitucionales. Y afianzar la relación con las fuerzas federales de seguridad (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) para combatir delitos como la trata de personas y el tráfico de drogas (ADN).