Dictamen judicial a favor de menor y su madre por vivienda. Es ex legisladora

Viedma (ADN).- La procuradora general del Poder Judicial, Liliana Piccinini, sugirió al Superior Tribunal de Justicia que haga lugar al amparo-mandamus presentado a favor de una niña en “grave estado de vulnerabilidad” y que ordene al IPPV el suministro de una vivienda de plan oficial. La madre de la menor tiene una enfermedad terminal.

Se trata de la ex legisladora radical Patricia Romans (51), quien cumplió mandato entre los años 2003 y 2007. El vienes pasado, la Legislatura aprobó un proyecto en primera vuelta por el cual se le otorga una pensión graciable.

Piccinini planteó la necesidad que se provea a la niña, de 17 años, y a su progenitora de una vivienda digna, “atendiendo a la situación de vulnerabilidad preexistente y que debe ser mitigada por el Estado en circunstancias excepcionales; bajo la modalidad que estime más conveniente y en tanto persista el estado de desamparo al que se expone la niña con capacidades diferentes y su grupo familiar”. La nena tiene síndrome de Down.

La acción por la menor y su madre fue formulada el 13 de febrero pasado por la defensora general, María Custet Llambi, en representación de la niña. Al respecto, indicó que la menor “se encuentra en grave estado de vulnerabilidad por la inminente situación de calle que la aqueja a ella y a su madre; ésta última imposibilitada de proveer los recursos económicos básicos para la subsistencia de ambas, en tanto padece de una grave enfermedad terminal (enfisema pulmonar progresivo obstructivo) y que por su edad -51 años- no ha podido acceder a la jubilación, careciendo de inmuebles ni bienes registrados a su nombre”.

Específicamente, Custet Llambí señaló que la madre de la niña ha sido intimada para desalojar la vivienda que ocupan, dado que desde de marzo de 2012 ha cesado en los pagos del alquiler, tramitando en su contra un juicio de desalojo en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Viedma, en el cual se ha fijado fecha de audiencia para mayo próximo, siendo “el desalojo inminente sin posibilidades económicas de revertirse la situación el riesgo a una situación de calle es cierto y real”

Agregó que la niña y su madre, ambas discapacitadas, solamente perciben $ 1.800 en concepto de pensión por discapacidad perteneciente a A., por síndrome de down, careciendo de obra social que cubra los gastos en medicamentos que muchas veces no posee el hospital.

La niña requiere por su enfermedad tratamientos específicos y permanentes de rehabilitación y además tiene hipotiroidismo que debe controlar de manera periódica en el hospital Gutiérrez, de Buenos Aires.

También reconoció que Romans tenía, por esos momentos, en trámite una pensión legislativa graciable, presentada en agosto de 2012.

Por su parte, Piccinini sustentó su opinión que corresponde receptar favorablemente la petición de la amparista, toda vez que “se encuentran acreditados los extremos de excepcionalidad y la negativa a cumplir con el deber del Estado de resguardar el derecho/garantía de la niña a gozar de las condiciones mínimas y dignas de habitación y abrigo que a la vez resultan indispensables para el cuidado de su salud, para su crecimiento, desarrollo e integración , partiendo de la inminente y grave circunstancia de no poseer otra alternativa que vivir en situación de calle junto a su madre, también enferma”. (ADN)