Dudas y cuestionamientos ● Colegio de Abogados Alto Valle Oeste

“La descentralización y velocidad en la resolución de las causas judiciales no se logra con la mera sanción de una ley como la pretendida” así definió su postura el presidente del Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste, Marcelo Lizzi respecto al proyecto de democratización de la justicia impulsado por el gobierno Nacional.Y agregó “esos objetivos necesariamente requieren de voluntad y decisión política dotando al Poder Judicial de un presupuesto acorde con el servicio de excelencia que se pretende obtener y se proclama con tanta vehemencia, caso contrario nos quedamos en manifestaciones voluntarias”.

Lizzi aseguró “acompañamos el concepto de una justicia mas dinámica, nadie podría oponerse a ello” y señaló “pero es justamente la forma de implementar ese dinamismo que no puede quedar en una proclama dogmática que al poco tiempo de recorrerla frustre el objeto que se tuvo en miras al enunciarla”.

Diego Vazquez, vicepresidente del colegio, indicó que “para salir de la proclama y realizar una verdadera reforma del sistema, resulta necesario y sano un amplio debate” y aseguró “de lo contrario se usará de excusa para un objetivo cortoplacista y en realidad nada va a cambiar en profundidad. Nadie va a pensar que porque los electores de los jueces vayan en las boletas de los partidos políticos, la justicia va a comenzar a funcionar más rápido y más eficientemente.”

Lizzi aludió a las declaraciones que señalan al servicio de justicia como alejado de los ciudadanos y reflexionó “muchos se llenan la boca hablando de los ciudadanos a pie, de los que están lejos o ajenos al servicio de justicia y de una justicia lenta, pero en lugar de impulsar una ley de la cual poco o nada entienden, bien podrían haberse ocupado de gestionar la creación de juzgados federales más cerca de la gente” y ejemplificó “o no saben que un vecino de Catriel tiene que trasladarse casi 200 kilómetros para llegar al Juzgado Federal de su jurisdicción? y cuando llega ve que su expediente todavía se cose con hilo choricero?”.

Las críticas al proyecto también recayeron sobre el concepto de “transparencia del poder judicial”, Lizzi aseguró “no se entiende a que se refiere, es un término amplio y confuso que permite varias lecturas”. Explicó que “si se trata de la publicidad de las causas habría que consultar a cada ciudadanos con historial judicial si creen conveniente que se publiquen sus asuntos y datos personales en algún portal ajeno a la esfera del Poder Judicial, o si se trata de falta de transparencia en el desempeño de algún funcionario debería trabajarse sobre las instituciones ya existentes destinadas a su juzgamiento”.

Vazquez aseguró “el cerrojo que se pretende para las medidas cautelares, lo único que logrará es distorsionar la balanza de la justicia. Amén de la clara inconstitucionalidad que implica vedar el acceso pronto y eficiente al ciudadano que ve transgredido algún derecho, así como la corte se ha pronunciado desde antiguo sobre la estabilidad de los decretos de necesidad y urgencia tan utilizados por el poder político, o sobre la persistencia de la declaración de emergencia, hasta que el legislador lo disponga –de hecho vivimos permanentemente en emergencia declarado por los legisladores y renovada permanentemente-, de la misma forma, el derecho cautelarmente protegido, lo continúa estando en la medida que el juez observe que persiste la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora”. Y agregó “no se entiende, por qué si con los cambios propuestos supuestamente la justicia va a ser mas ágil, rápida y dinámica, deberíamos cambiar la concepción de las medidas cautelares, si el pronunciamiento sobre las cuestiones de fondo se va a realizar, supuestamente, mucho mas rápido. Los dos argumentos, parecieran contradictorios”.

Finalmente indicó “es un tema muy importante como para tratarlo en una semana, no se han hecho consultas a los distintos estamentos jurídicos, universidades, sindicatos, asociaciones profesionales, asociaciones de víctimas o familiares, a los actores, ni siquiera a los que se pretenden introducir en la elección de jueces”.

Lizzi afirmó “no caben dudas que el servicio de justicia, así como la salud, la educación y la seguridad, entre otros pueden y deben mejorarse pero esto no se logra con meras declaraciones o manifestaciones de voluntad, requiere de un análisis pormenorizado y un proyecto de política judicial con objetivos a corto, mediano y largo plazo”.

Finalmente indicaron “no creemos pertinente que los abogados aspirantes a integrar el Consejo de la Magistratura tengan que ir asociados a un partido político para ser electos en comicios generales”. Y agregaron “el proyecto en cuestión también es contrario al propio estandarte de sus impulsores que hablan de democratización de la justicia y dejan sin participación a los representantes de los funcionarios judiciales, a los catedráticos y a los abogados que son el nexo entre el ciudadano y el poder judicial”.