Democracia y democratización ● Mariano Ferrari

domingo 21 de abril de 2013 Redacción ADN Opinión

La reacción a las políticas intervencionistas siempre se reduce a una palabra: Libertad. Cada vez que se quiere erradicar un proyecto de corte estatista, keynesiano, distribucionista y popular, se apela a la Libertad. Una libertad que busca imponerse al intervencionismo estatal para dejar liberado al mercado y que éste se autorregule, ya que la intromisión del Estado distorsiona esa relación de libre mercado.
Este razonamiento, que se inscribe en el plano económico, tiene su génesis en la teoría política, y se completa así: si el mercado está distorsionado, es producto de un Estado autoritario, porque interviene con autoridad en el mercado y no lo deja ser libre. Producto de ese autoritarismo, el Estado se apropia de las ganancias (la renta) y ellas no van al sector más pobre que (el populismo) dice proteger, sino que se quedan en el propio Estado, lo que conlleva a un proceso inevitable de corrupción. Por lo tanto, un gobierno intervencionista será autoritario y corrupto, y por ende, es necesariamente antidemocrático y, en consecuencia, lesionará las instituciones de la República y los Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que lo conforman.
El enunciado es universal y es aplicable a todos los tiempos. Y siempre, requiere medios de comunicación masivos para reproducirse y hacerse carne en determinados sectores sociales que, por convicción o ignorancia, lo repetirán cual mantra.
En Argentina fue marcado a fuego en 1955 y reapareció en 2008, cuando el Estado intervencionista intentó retener el 35 por ciento de la renta al campo, una acción similar a la de Perón con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, una suerte de organismo exportador estatal creado en 1946.
¡Una exacción contra la Patria! Porque el campo es la tierra y la Tierra es la Patria. Por lo tanto, los dueños de la tierra son los dueños de la Patria, he aquí un principio básico de la oligarquía.
Cualquier intento de un gobierno democrático de retener dividendos a quienes más ganan para distribuirlos entre los que menos ingresos tienen, cualquier intento de un gobierno democrático en avanzar en conquistas sociales y derechos individuales, y cualquier intento de un gobierno democrático de democratizar las instituciones del Estado, es rechazado inmediatamente –por algunos sectores sociales- argumentando que esa intervención proviene de un Estado autoritario con fines de perpetuidad para enriquecerse.
El concepto sería: nada que provenga de un modelo que desdeña la Libertad, será republicano.
Diversos sectores marcaron sus diferencias con iniciativas populistas del kirchnerismo: marchas para repudiar el matrimonio igualitario; quejas violentas por la reapertura de los juicios de lesa humanidad; campañas en redes sociales, diarios, radio y televisión para criticar la Ley de Medios; lookout patronales por la retenciones a la exportaciones; denuncias por la reestatización de Aerolíneas e YPF; y diversas formas de desprestigio a programas como la Asignación Universal.
Todas fueron –además- respaldadas por partidos políticos o asociaciones de fuerte peso. Pero nunca lograron homogeneizar todo el arco opositor.
Sin embargo, el paquete de proyectos para reformar la justicia, fue aglutinante.
El solo intento de democratizar el Poder más conservador de la república, generó un atronador alarido. Una reacción lógica: “cómo a un Estado autoritario y corrupto se le acurre semejante avance sobre la Justicia, que es el último bastión de la Libertad”.
Si bien el proyecto supone crear más Cámaras de Casación para evitar que lleguen infinidad de causas a la Corte Suprema y ésta agilice su tarea, prevé un ingreso más democrático a la carrera judicial, impone la publicidad de las resoluciones de la Corte y las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios propendiendo a la transparencia, y limita el plazo de las medidas cautelares, las críticas se focalizaron en la reforma al Consejo de la Magistratura, organismo de selección y designación de magistrados y funcionarios judiciales.
La reacción –multitudinaria- llegó a la calle bajo el slogan #18A, denominación que surge de la red social Twitter.
Muchas otras manifestaciones se habían producido con igual intensidad. La diferencia con la del jueves pasado fue la fuerte convocatoria y presencia de dirigentes políticos, sindicales y de organizaciones intermedias. Las protestas dejaron de ser “autoconvocadas” para tener personería política.
¡Un logro de la democracia! Por fin, los intereses sectoriales (algunos netamente corporativos) comienzan a tener representación, y con ellos marchar hacia los sucesivos procesos electorales buscando un triunfo en las urnas.
La democracia logró democratizar la puja de intereses, la lucha de clases y –fundamentalmente- electoraliza una disputa que, en otros tiempos, hubiese requerido la intervención militar.
Indudablemente, desde Alfonsín hasta hoy, la democracia se consolida. Pero… ¿es suficiente?. ¿No es conveniente avanzar y profundizar los preceptos democráticos? . La política está democratizando instituciones. ¿Por qué la Justicia debe quedar exenta?.
El último análisis de la Corte Suprema indica que el 30 por ciento de los argentinos ya no recurre al Poder Judicial a resolver sus conflictos. Hay cada vez más críticas al accionar de la Justicia por la instrucción de las causas. No se disipan las sospechas alrededor de algunos jueces que “favorecen” a los gobiernos de turno.
Hay un antecedente de reforma concreto, unánimemente reconocido: la renovación de la Corte y el mecanismo para elegir a sus miembros.
El proyecto que Cristina Fernández de Kirchner elevó al Congreso no impone que los magistrados sean elegidos por medio del voto popular, solo pretende que el Consejo que los elige sea más plural en su conformación, ya que la Justicia es un asunto que atañe a todos los ciudadanos, elevando su número de miembros de 13 a 19, los que sí deberán ser ungidos en las urnas.
Un esquema necesario de participación y transparencia. Hoy, las resoluciones del Consejo no son públicas, nadie conoce el criterio final del Cuerpo para elegir jueces.
Su última actuación en Viedma dejó dudas. Dos casos: la integración de la Cámara Penal y un nuevo Juzgado de Familia.
En el primer caso, la fiscal de Cámara, Adriana Zaratiegui, obtuvo el mayor puntaje para integrar el Tribunal de la Sala A que quedó incompleto luego de las jubilaciones de Susana Milicich y María del Carmen Viva de Vázquez. Sin embargo, no logró los votos suficientes del Consejo. Allí fueron promovidos los jueces de primera instancia Carlos Reussi y Juan Bernardi.
Uno de los juzgados de familia quedó conformado por una jueza (María Laura Dumpé) y una secretaria (Paula Fredes), quienes, paradójicamente, obtuvieron puntajes inversamente opuestos. Es decir, Fredes cosechó –en las tres instancias del concurso- más calificación que Dumpé. Sin embargo, el juzgado se conformó al revés.
Como toda explicación, el Colegio de Abogados, atinó a decir que el Consejo no es la mejor forma de designar jueces, y que hay que volver al sistema de Junta de Calificaciones.
En el resto de los concursos fueron promocionados fiscales y funcionarios judiciales provenientes desde el seno del Poder Judicial.
Las iniciativas de la Casa Rosada no tendrán impacto en Río Negro, pero le dan impulso al proyecto de democratización judicial que alentó el gremio SITRAJUR en 2011, y tiene en el bloque del Frente para la Victoria su mayor respaldo político. Habrá que ver cómo actúa la oposición y la denominada corporación judicial.
Hubo un anticipo: el presidente del Superior Tribunal, Enrique Mansilla, criticó la iniciativa kirchnerista.
Mansilla llegó al STJ bajo el signo de nuevos tiempos políticos. El juez fue designado por un Consejo dominado por la “trasformación” provincial prometida en campaña por el FpV.
Asumiendo que la Magistratura es un órgano eminentemente político, no habría intromisión política posible. Incluso, cabe recordar que el Consejo fue forjado al calor del Pacto de Olivos, un acuerdo que fomentó el bipartidismo (fundamentalmente con la figura del tercer senador) y plasmado en la reforma constitucional de 1994.
En ese momento, la provincia del Chubut dio un paso más y reglamentó la nueva norma con una mirada superadora que, a la luz de los acontecimientos, terminó siendo vanguardista.
El Consejo de la Magistratura chubutense incorpora, además de legisladores, representantes de los colegios de abogados y del Poder Judicial, a un representante del gremio y a ciudadanos provenientes de otros sectores, que deben cumplir con ciertos requisitos.
Aquella provincia no los selecciona mediante el voto, pero es una muestra aplicable del proyecto del gobierno nacional, sin que signifique un avance sobre la Justicia.
El viejo axioma liberal económico tiene una faceta conservadora política: el mercado tiene que ser Libre y las instituciones guardianas de esa libertad. Por lo tanto, en ellas deberán residir quienes no convaliden la intromisión de un Estado autoritario y corrupto, antidemocrático y rayano con prácticas fascistas, que alienta el “pan y circo”, y mucho menos que confisque ganancias para distribuirlas entre los desangelados del sistema.
La democracia pone nuevamente un mojón político. Democratizar, es el desafío.