Por dónde vamos los argentinos • Eduardo Anguita

El próximo sábado 27 se cumplirán 10 años de las elecciones que permitieron a Néstor Kirchner gobernar la Argentina. Aquella vez, como tantas veces en la historia, fueron las anomalías las que dominaron la escena. Carlos Menem obtenía el 24,45% de los votos y Kirchner apenas el 22,24%. Debían disputar la segunda vuelta el 18 de mayo pero, cuando faltaban cuatro días y todos pronosticaban la derrota del riojano, Kirchner quedó parado frente a la Casa Rosada.Los sectores más poderosos consideraban que, como le faltaba una horneada y el país era inmanejable, el santacruceño iba a tener que respaldarse en las corporaciones empresariales. Al día siguiente, José Claudio Escribano, desde La Nación, daba a conocer una conversación que había tenido con Kirchner en la que el histórico editorialista del diario de los Mitre sentenciaba que, salvo un alineamiento automático con Estados Unidos, habría gobierno por no más de un año. Era el condicionamiento de un representante de las corporaciones a un hombre que estaba por llegar a la Casa Rosada con menos votos que el porcentaje de desocupados. Kirchner respondió: “Mi mayor preocupación es que me acompañen los argentinos, por eso no empiezo por los empresarios ni por el embajador de ningún país.

Tampoco pienso en un alineamiento automático con Estados Unidos ni en buscar que me aprueben como precondición para gobernar mi país. Ocurre que usted y yo tenemos visiones distintas del país. Como es difícil que podamos ponernos de acuerdo, sería importante tratarnos con respeto. Usted tiene la suerte que a mí me falta, de haber heredado un diario”. Escribano respondió que no lo había heredado él, sino los Saguier. “Pero usted es un empleado histórico”, replicó Kirchner.

No es melancolía ni intentar restar impacto a la gran convocatoria lograda por los indignados de sectores medios antikirchneristas. Simplemente, parece esencial comprender que los conflictos entre sectores privilegiados y la etapa kirchnerista de la Argentina tienen historia. Y los intentos de condicionar (“intentos destituyentes” los bautizó Nicolás Casullo) a Kirchner y luego a Cristina vienen desde aquellos días.

Es cierto que las tres marchas caceroleras son un dato sensible de la política y del clima social. Sobre todo, en un país gobernado por un sector del peronismo y sus aliados que cuenta en su capital político una importante capacidad de convocatoria y al que no le gusta que le ganen la calle. La marcha del jueves pasado fue tan pacífica y masiva como difícil es predecir hacia dónde se desarrollará. No mienten quienes afirman que la convocatoria es a través de las llamadas redes sociales y que eso le da una ventaja: ser vista como el aire nuevo y fresco de una América latina gobernada por líderes populistas que menoscaban las posibles inversiones y créditos externos. Pero se olvidan de muchas cosas los que creen que en la 9 de Julio se respiraba el clima de la liberación de París de los nazis en el verano de1944 y que el peronismo y el kirchnerismo son parientes del fascismo.

Hay una base social antiperonista fraguada en 1945. Rosendo Fraga, analista político de la derecha, sostiene que hay un 30% de kirchnerismo duro, un 30% de antikirchnerismo duro y un 40% fluctuante. Esa información, manejada como si fuera una balanza de almacenero para pesar papas o manzanas, sirve para dar legitimidad a las constantes violaciones de la Constitución. La de 1955 y el golpe de Rojas-Lonardi-Aramburu. Pero también la de 1962, que se cobró a Arturo Frondizi y tuvo como fachada civil a un dócil diputado radical de Río Negro. En efecto, José María Guido recibió la siguiente instrucción del general Rosendo Fraga (padre): “Vaya a la Casa Rosada y hágase cargo del gobierno”.

Por detrás de la existencia de una base social –real– anti-K, se pervierten los términos. No es el Ejecutivo el que atropella la Constitución. Los mecanismos para reformar la Justicia vía el Congreso Nacional son los previstos por la Carta Magna. Como lo fueron para cambiar la ley de radiodifusión que todavía está demorada en su aplicación por obra de una cautelar que acaba de ser ratificada por la Cámara Civil y Comercial de la Capital dando vuelta un fallo ejemplar del juez Horacio Alfonso. Será ahora la Corte Suprema de Justicia la que tenga que fallar sobre el fondo del asunto. Recordemos que hace 11 meses el alto tribunal sacó una sentencia sobre la duración de las cautelares a raíz precisamente de este expediente.

Entonces conviene detenerse a analizar cuánto de verdad y de razón tienen cuando se lee en las redes sociales unas frases breves escritas con una sintaxis burda y sin más elocuencia que los insultos. Hablan de una Justicia pisoteada y de censura en la prensa. Sus autores son personas que tienen todo el derecho de ser anti-K, pero están intoxicados de aquel antiperonismo visceral y del desmanejo informativo de una parte (importante, muy grande) de la prensa.La próxima cautelar. Con este clima, este cronista le trasladó dos preguntas a un abogado con quien compartió algunos años de colegio secundario: ¿qué pasaría si, no bien se voten las leyes que restringen las cautelares y la del Consejo de la Magistratura, se presentan recursos de amparo para tratar de que algún juez dicte una cautelar que declare inconstitucionales esas leyes? ¿Esa maniobra serviría para intentar frenar la elección de Consejeros en las próximas elecciones legislativas?

“Te respondo la pregunta sobre la reforma del Consejo (obviamente es una primera opinión, aunque el tema ya lo había pensado dados los anuncios de los Colegios de Abogados y la Federación que los agrupa de promover amparos no bien se promulgue la reforma). Parto de la premisa de que se sancionarán juntas las leyes de reforma del Consejo y de modificación de las cautelares por lo que entrarían en vigencia simultáneamente. Siendo así, el régimen de las cautelares sería aplicable de inmediato a cualquier medida que se solicite, incluyendo por supuesto las que se pidan con relación a la ley de reforma del Consejo. Ahora bien, quien quiera plantear el amparo y pedir como cautelar la suspensión de la convocatoria a elecciones del Consejo, tiene dos caminos (que a mi criterio pueden plantearse en subsidio, es decir, primero uno y, para el caso de ser ese rechazado, el otro). Pedir también (como decís) la inconstitucionalidad de la ley que modifica las medidas cautelares y solicitar, como cautelar (relativa a esa acción de inconstitucionalidad), que no se apliquen sus normas a la otra acción (de inconstitucionalidad de la elección del Consejo). Perdón por lo denso de la explicación pero es difícil decirlo en palabras más simples. En subsidio (es decir, en un segundo intento), plantear que la ley que modifica el régimen de las cautelares faculta igualmente al juez a dictarla de inmediato (artículo 4º inciso 1 del proyecto) ‘cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran’; incluso sin necesidad, en tal caso, de pedir un previo informe al Poder Ejecutivo. Dicho eso basta señalar (como vienen haciéndolo con argumentos de ‘riesgo institucional’, ‘abuso de poder’, etc.) que esas circunstancias existen porque, de elegirse el nuevo Consejo, la inconstitucionalidad de la ley podría tornarse abstracta y el daño estaría consumado”.

Hasta acá la descripción de un abogado formado y con experiencia. Agrega el letrado sus impresiones: “Vías técnico-jurídicas para hacer el planteo sin duda hay (casi siempre las hay) y es presumible la receptividad de la mayoría de los jueces para dictar alguna medida cautelar en ese sentido. La reforma –más allá de la opinión personal que a cada uno merezca– implica claramente privar a dos sectores, que hasta ahora designaban por elección exclusiva de sus miembros a integrantes del Consejo (abogados y jueces), de ese derecho que hasta hoy ejercían. No es difícil concluir que muchos de ellos (la mayoría, diría yo) están predispuestos a considerarla inconstitucional.

Además, el artículo 114 de la Constitución (que creó este engendro penoso que es el Consejo) dispone que ‘será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal’.

Hay argumentos para sostener que esa ‘representación’ de jueces y abogados implica que quienes los deben elegir son ellos (los pocos artículos, declaraciones u opiniones académicas que leí en estos días coinciden en esa argumentación). En otras palabras, el o los eventuales amparos y pedidos de cautelares encontrarán un ‘clima’ propicio y un sustento argumental que se considerará razonable. Ante ello, la modificación del régimen de cautelares difícilmente alcance para frenar resoluciones favorables a los amparos, sea porque, en definitiva, el que interpreta la ley nueva (de cautelares) es necesariamente el mismo juez o porque, directamente, éste admita cautelares… ¡contra la nueva ley de cautelares!”

Otro abogado, Juan Carlos García Dietze, opinó en la misma línea: “Sin perjuicio de recordar que éste no es mi campo de especialización, puedo decirte que si lo que vos preguntás es si una vez promulgada la ley, y se presenta un actual consejero o los colegios de abogados, por ejemplo (en cuanto afectados directamente por la variación legislativa), es perfectamente posible que por aplicación del artículo 43 de la CN se introduzca vía amparo un pedido de inconstitucionalidad de la norma, seguramente acompañado con un pedido de no innovar a título de medida cautelar, o por vía de una ADI (Acción Declarativa de Inconstitucionalidad), lo que se traduciría en la suspensión de la aplicabilidad de la nueva ley, en el supuesto de que el juez ante quien se presente así lo resuelva, con las consecuentes apelaciones posteriores, por supuesto”.

Respecto de qué pasaría en las elecciones, García Dietze sostiene: “A mi entender, esto se proyectaría para el armado de las listas en las elecciones de este año, armándose el ‘embrollo’ que vos bien decís, ya que los partidos políticos bien podrían solicitar el armado de las listas con los candidatos y someterlas al escrutinio eleccionario popular, aún no habiéndose resuelto en forma definitiva la cuestión cautelar. Es decir, tendríamos ‘consejeros electos’, pero la asunción de sus cargos estaría supeditada a la sentencia definitiva en el planteo de inconstitucionalidad. Acá, efectivamente, aparece como muy posible la intervención de la Justicia electoral, para dirimir la cuestión eleccionaria en punto a la inclusión o no en las listas, pero no puedo adelantarte una opinión sobre qué resolvería”.

En caso de estar judicializada esta ley, como es de prever, otro escenario posible es que directamente se frene la elección de consejeros y se aplacen las modificaciones votadas en el Congreso Nacional. Con un agravante político: dado que cada Estado provincial presenta sus candidatos, los únicos de carácter nacional serían precisamente los candidatos a consejeros. Permitiría medir con cierto anticipo cuál es la tendencia nacional del voto de 2015.

Es matemática pura: se suman los votos de los candidatos a consejeros del FPV, los del FAP, los del PRO, los de la UCR y los del resto de las opciones políticas. Luego se ponderan los porcentajes de cada cual y hay una tendencia definida dos años antes. Claro, de intención de voto en primera vuelta. De allí al ballottage hay un camino distinto. Y el principio de esta nota es precisamente sobre eso. La historia no necesariamente se repite. Pasión por los números. Una encuesta nacional de Mori y Asociados realizada en los hogares de los entrevistados entre el 18 y el 29 de marzo (con 850 casos de una población de 18 y más años y no 16 y más) dice que el 47% aprueba la gestión de Cristina mientras que el 46% la desaprueba, mientras que el 7% restante no sabe o no contesta.

Consultados sobre la gravedad de la inflación: 57% dice “muy grave”, el 36% “grave” y apenas el 6% dice “poco grave”. Sin embargo, “la gestión de la inflación por parte del gobierno” es considerada como “muy mala” por el 17% y como “mala” por el 38%. Es decir que un alto porcentaje de la sociedad no achaca el aumento de precios a las autoridades nacionales. La mejor ecuación de imagen positiva la cosecha Cristina con un 42% (con un 11% “muy buena” y un desconocimiento del 1%). Sergio Massa tiene una buena performance (con un 9% de “muy buena” y un 43% de imagen positiva total pero con un 17% de desconocimiento).

Quien sigue en la lista es Daniel Scioli con un 34% de positiva. Doce puntos por detrás aparece el primer opositor (Mauricio Macri con 22% positiva) y luego Ricardo Alfonsín y Hermes Binner (con 19% positivo ambos). Consultados sobre “cercanía a los partidos políticos”, un 20% se declara afín al kirchnerismo, un 10% al peronismo opositor (sin aclarar a qué figuras o sectores) y un 7% al radicalismo. El PRO cosecha un 2% de identidad. Lo significativo es que un 55% contesta “ninguno”.

Alguien podrá decir: entonces Rosendo Fraga tiene razón. Y se le podrá contestar: ¿cuántas veces en la historia desde 1955 las corporaciones se valieron de supuestos números para alterar los procesos constitucionales? Alguien podrá preguntar: ¿no será que el kirchnerismo tiene ante sí la inmensa posibilidad de volver a dialogar con sectores medios de la sociedad? ¿No puede convivir el liderazgo unipersonal con una construcción plural y colectiva que deje de lado los discursos dicotómicos e incorpore las distintas voces que se escuchan en esta fuerza política heterogénea?

Hasta ahora, el contrato de legitimidad del kirchnerismo no sólo tiene la épica de la lucha por los derechos humanos, de planes sociales como la Asignación Universal y del pragmatismo económico para estimular el crecimiento vía la demanda. Tiene, por origen y por convicción de sus máximas figuras, el compromiso de profundizar la distribución del ingreso a favor de los más desposeídos y, al mismo tiempo, avanzar en la diversificación de la economía hacia cadenas de más valor agregado. Es cierto: un ciclo de una década parece mucho como para contar con la energía de los primeros años.

Al mismo tiempo, si la sociedad madura, participa, se organiza y moviliza, es posible seguir avanzando. No sería un milagro.

*Periodista. Director del periódico Miradas al Sur