Dime qué publicas y te diré cuánto recibes ● ADN
El Gobierno que venía a cambiar el rumbo de la Provincia vuelve a ser rehén de su propia grandilocuencia. A más de un año de la firma del decreto que reglamentó la publicidad oficial en Río Negro, aquella “férrea voluntad de inaugurar una nueva etapa” quedó anclada en el plano de las intenciones.
La gestión que llegaba a “subsanar de manera expedita la dilatada mora que anteriores gestiones ostentaban” con relación a la reglamentación de la ley que regula la publicidad oficial, registra una nueva promesa rota en su devenir caótico.
Hace un año Alberto Weretilneck marcaba “el punto de partida inicial de una nueva política en el manejo y distribución de la pauta oficial” que iba a recoger “la necesidad de transparencia, equidad y pluralidad”. La retórica del Gobernador no avanzó de aquel punto de arranque.
En materia de distribución de la pauta oficial todo continúa siendo tan transparente, equitativo y plural como lo era antes de la existencia del decreto firmado por Weretilneck. El reparto sigue siendo discrecional, arbitrario e injusto.
En el decreto vigente el Gobernador consideraba que el proceso de reglamentación “debía iniciarse con la gradualidad necesaria y la participación de los distintos sectores que poseen un grado de interés en la materia, de manera tal que se garanticen los principios de información, pluralidad y eficacia que requiere este indispensable servicio público estatal”.
Aquella voluntad se redujo con el tiempo a una expresión de deseo. La “participación de los distintos sectores” pasó a ser una más de las estrellas olvidadas en el universo grandilocuente de su Gobierno.
La publicidad continúa siendo una herramienta del Gobierno para premiar o castigar a los medios de comunicación de la Provincia. Continúa vigente la insólita e infundada categorización de medios “craneada” por el anterior secretario de Medios, Julián Goinhex, y sostenida por actual titular del área, Guillermo Campetti.
Según explicó Goinhex en mayo del año pasado, esta categorización se pondría en debate y discusión “entre las partes, de manera democrática” para establecer los criterios definitivos. Tanto en el decreto como en las expresiones vertidas a la prensa, el Gobernador y el ex secretario de Medios se encargaron de aclarar que aquel sistema irrisorio sería “provisorio” y se establecería “por un tiempo acotado y hasta tanto se formule la reglamentación que se postula consensuar en el seno del ámbito de discusión aludido”.
Aquel procedimiento “provisorio” se extendió por un año y no hay señales ni acciones ni conductas que indiquen su revisión o fin.
La sana intención de AW de “maximizar los esfuerzos por contener el conjunto de posiciones, opiniones y necesidades, que tanto los medios de comunicación, periodistas, ciudadanos y asociaciones intermedias puedan tener respecto de esta sensible materia” se redujo a un encuentro frustrado que se intentó hacer en Viedma a principios del año pasado.
En el Poder Legislativo las prácticas son similares. Ni siquiera existe un criterio oficial de distribución. Como Weretilneck, el vicegobernador Carlos Peralta es esclavo de su pasado opositor. Decía en abril de 2008 cuando presentaba un proyecto de su bloque para regular la publicidad: “Pretendemos llevar transparencia en el manejo de la publicidad oficial, para evitar así el marco de sospecha que sobre los medios de comunicación se tendió, a raíz de recientes denuncias públicas sobre la posible compra de opinión en los medios provinciales”.
“De esta manera —agregaba—, obligamos a que toda la publicidad oficial deba someterse a un sistema de contratación transparente que impida el manejo discrecional de grandes sumas de dinero, bajo el rótulo genérico de publicidad oficial”.
En un proyecto de ley presentado junto a Pedro Pesatti, Silvia Horne y Martín Soria, Peralta señalaba que “el Estado rionegrino posee obligaciones constitucionales relacionadas con la publicidad de sus actos, especialmente si importan movimientos de fondos públicos”. Por otro lado advertía que “la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta”.
Aquella voluntad de transparencia no se refleja hoy en su gestión en el Parlamento provincial. En cuatro años, su advertencia sobre la obstrucción de la libertad de expresión pasó a ser una profecía auto-cumplida.
En aquella iniciativa que terminó incorporándose al proyecto del Poder Ejecutivo que propició la sanción de la ley 4391, Peralta argumentaba que el Estado “no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios”. Las prácticas del actual Director de Comunicación de la Legislatura, Daniel Cardozo, contradicen el enunciado del entonces legislador Peralta.
En la Legislatura este manejo discrecional de la publicidad oficial es legitimado por la acción, pero también por la omisión de muchos legisladores que con su silencio contribuyen a que estas prácticas sigan existiendo. Un hecho inadmisible teniendo en cuenta que muchos de ellos fueron promotores de la ley vigente.
El gobierno del Frente para la Victoria debe saldar esta otra deuda que ha contraído en el inicio de su gestión con la sociedad rionegrina. Debe hacer caso a las palabras del entonces presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual de Argentina —ahora integrante del Gobierno provincial—, Néstor Busso, cuando hace un año, a la hora de destacar el debate sobre la reglamentación de la ley de distribución de publicidad oficial, decía: “Lo importante es que cualquier persona, cualquier rionegrino, conozca cómo se distribuye y cuánto recibe cada uno, porque son dineros públicos”.