Se constituyó la “rehabilitada” Comisión de Seguridad
Viedma.– Presidida por el legislador Pedro Pesatti se constituyó ayer la comisión Interpoderes de Seguridad con el objetivo de «establecer un ámbito, del que participan los tres poderes del estado y la oposición parlamentaria, con el fin de contribuir a la formulación de políticas públicas vinculadas a la materia», según indicó el titular del bloque oficialista.
Tras la ratificación de su conformación, Pesatti recibió y leyó una nota remitida por el municipio de la ciudad de Ciolletti que, con el aval de tres mil firmas de vecinos, elevó un pedido formal a los tres poderes del estado rionegrino para «la búsqueda de soluciones que den respuesta de fondo a todo tipo de hecho delictivo en pos de mayor seguridad ciudadana».
Pesatti informó que la misiva es consecuencia de «hechos que han sucedido en Cipolletti en los últimos meses, como el crimen de Claudio Araya o el caso de la joven bioquímica asesinada en un establecimiento médico» a la que responderán «con respuestas concretas por la vía formal» al tiempo que anticipó que no se descarta la posiblidad de que esa Comisión viaje a la ciudad valletana para tomar contacto directo con las autoridades de la localidad.
El documento, que fue entregado por el secretario de Gobierno de la municipalidad cipoleña Darío Bravo, «en nombre del intendente Abel Baratti y de la comunidad», contiene diez puntos en los que se peticiona mayor presencia policial, la modificación del código procesal penal y la designación de un juez de ejecución con asiento en Cipolletti que, según informó el legislador Pesatti, «es un cargo que se cubrirá en las próximas semanas pues el 3 de mayo se inicia el proceso para el concurso de oposición y antecedentes».
Los vecinos reclaman también el mejoramiento de los controles (de las salidas de los condenados) a través del Patronato de Liberados, los gabinetes criminológicos y consejos correccionales, la modificación y la actualización del digesto contravencional de la Provincia.
Respecto a la modificación de la ley que regula las salidas transitorias, que forma parte del petitorio, la Comisión explicó que esa legislación la dicta el Congreso Nacional aunque aclaró que es el criterio de los funcionarios judiciales el factor mas relevante cuando se determina la aplicación de los beneficios establecidos por esa norma.
En otro orden, en el petitorio se solicita sumar el actual funcionamiento de la central 109 de emergencia municipal, la implementación del 911 para responder a los hechos delictivos, la difusión de vía de comunicación gratuita y segura de la línea 0800-333-4124 para la denuncia de actividad de narcotráfico y trata de personas, la incorporación de personal policial para acceder al centro de monitoreo de cámaras, y el mayor equipamiento de la fuerza policial local.
Conforman el cuerpo interpoderes: el Poder Ejecutivo con integrantes del Consejo de Seguridad y del ministerio de Gobierno, el Legislativo, con los presidentes de los bloques parlamentarios y el Poder Judicial con un miembro del Superior Tribunal de Justicia y un representante del Ministerio Público.
En la próxima reunión, que se llevará a cabo a mediados del mes de mayo, la secretaria de seguridad de la Provincia, Marta Arriola, explicará el Plan Provincial de Seguridad. Serán invitados a participar los jueces y fiscales federales con asiento en Río Negro para tratar la problemática de la lucha contra el narcotráfico, dado que estos delitos son de exclusiva competencia federal.