“La calidad institucional es fantasmal” ● ADN
Santiago Kovadloff, filósofo, ensayista y poeta argentino, de 72 años, dijo en una oportunidad que “la calidad institucional es fantasmal, donde la legalidad es aparente”.
El Gobierno y el partido Justicialista de Río Negro hicieron mérito para avalar esta teoría. Dieron una muestra cabal del funcionamiento corporativo de la política en desmedro de las instituciones y el sistema democrático, al avalar violaciones a las normativas administrativas vigentes de la Ley 3186 de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial y la Ley 4187 de compre rionegrino, con motivo del pago de los gastos ocasionados por la visita de la presidente Cristina Fernández a San Carlos de Bariloche, el 25 de mayo.
Flaco favor se hace la coalición gobernante en defender este procedimiento. Primero al tirar por la borda la confianza depositada por el electorado, en tan sólo cinco meses, y arriar la bandera de transparencia en los actos públicos y segundo por emparentarse desde su gestión administrativa con lo peor del anterior gobierno radical, eje de la campaña electoral.
En menos de un semestre se hicieron públicas sospechas de procedimientos irregulares desde la falsificación de la firma del ex gobernador Carlos Soria, adulteración de documentos públicos, decretos modificados y ocultos, dudosas contrataciones de obras públicas y de charter aéreos, confección de listas negras y persecución de empleados, denuncias en el servicio penitenciario y uso y abuso de pagos por legítimo abono y contrataciones directas, donde la excepción se hizo habitual y además con organismos de control que también violaron normativas para aumentarse los sueldos de sus responsables. No hay garantías de control ni trasparencia.
El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que hay que mirar al gasto de los actos del 25 de Mayo desde su importancia intrínseca y la importancia que tiene para la ciudad andina castigada por las cenizas del Puyehue.
Relativizar un gasto de 2.600.000 pesos tiene una vasta interpretación y es cierto que es relativo. Para un preso que encuentra gusanos en su comida, según recientes comprobaciones judiciales, esa cifra tiene una significación distinta, lo mismo para el empleado público que con 2.000 pesos de salario perdió el trabajo o las enfermeras que padecen las carencias en el hospital público.
Precisamente el principal valor de la política en la administración del Estado es la asignación de recursos, las prioridades y la valoración de la equidad.
Siguiendo con el razonamiento del gobernador puede ser que la visita presidencial y la alegría de una comunidad que vivió tapada de cenizas, justifique ese gasto, lo que no se puede es avalar un procedimiento violatorio del reglamento de contrataciones, dejar de la lado el compre provincial y contratar sin justificar la razonabilidad de la oferta ni respetar los montos máximos autorizados.
Para la fiesta del 25 de Mayo no hubo “urgencia ni emergencia imprevisible” y no hubo “razonabilidad en los precios” que se puede acreditar con “elementos de juicio suficientes y necesarios para determinar objetivamente que el valor ofertado se puede justipreciar”, como así como se relegó a empresas rionegrinas. No sólo eso, ya hay funcionarios que admiten irregularidades, como la intención de pagar por servicios no prestados.
Igual conducta adoptó el Justicialismo, bajo presión del sorismo en defensa de su “propia tropa”, que coloca al partido en una posición patética frente a la arrogancia y al poder ejercido por un funcionario que evoca las mejores épocas lopezregistas, donde el fin justifica los medios.
Siempre se dijo que el peronismo traslada sus competencias internas al Estado y lo somete a sus propias contradicciones, como aceptar procedimientos irregulares en la administración con el único motivo de salvar a un funcionario.
El ex gobernador Miguel Saiz, sin ser peronista, pero si kirchnerista, procedía de igual manera cuando la oposición peronista –valga el juego de palabras- le criticaba a sus funcionarios, como Barbeito, Milderberger, Contreras, Cufré y demás.
Y si del gobierno anterior se trata, llama la atención el proceder del FpV que sabe que la derrota radical tuvo como motivo principal el desorden administrativo y las denuncias de corrupción.
La negación de los problemas no los soluciona ni los oculta. La confianza depositada por el pueblo se agota y la comparación delata. Cuando el votante supera el trauma de la defraudación y el propio fracaso, comienza silenciosamente a generar sus propios mecanismos de castigo y valorización de su poder para condenar y premiar.
Difícil es superar el doloroso proceso vivido por las cenizas, como para pensar que para ganarse la simpatía del barilochense basta una visita presidencial, humo celeste y blanco, papel picado y gastos millonarios que se fueron a la provincia de Buenos Aires.
El gobierno de Alberto Weretilneck tiene el deber constitucional que respetar las leyes, superar mecanismos excepcionales de la contratación directa o pago por legítimo abono.
“La mujer del César no sólo debe ser honrada, debe parecerlo” fueron las palabras de Julio César sobre su esposa Pompeya Sila.
