Por entrega de agua a minera en zona de emergencia hídrica, piden investigar a titular del DPA

Viedma.- La legisladora del Bloque Progresista CC-ARI, Magdalena Odarda, expresó que “de acuerdo a lo manifestado por el titular de DPA, Juan Luis Gardes, está sucediendo de manera silenciosa lo que venimos denunciando desde nuestra banca con la aprobación de uso de agua subterránea para una empresa minera para la exploración de oro y plata en el proyecto Calcatreu.

Odarda explicó que se da la paradoja que ese mismo organismo (DPA), declaró la Emergencia Hídrica en la zona y la Legislatura de la Provincia declaró la Emergencia Ambiental por haberse secado completamente – sin razones aún debidamente esclarecidas-, la laguna Carrilafquen Chica, uno de los pocos espejos de agua que quedaban en la región sur».

“La situación de emergencia hídrica y las características hidrogeológicas en la Región Sur, requerirían ante todo, un Estudio de Impacto Ambiental –independiente- y la habilitación de un espacio de participación pública como son las audiencias públicas, exigidas por los artículos 19 y 20 de la Ley General del Ambiente nro. 25675 (LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS AMBIENTALES)”, agregó.

El art. 19 de la LGA indica : «Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relaciones con la preservación y protección del ambiente que sean de incidencia general o particular y de alcance general». Por su parte, el art. 20 establece: «Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consulta o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas autoridades que puedan generar efectos negativos y significativos para el ambiente…».-

El estudio hidrológico del 2006, único antecedente que se ha podido conocer, pone límites a la extracción de agua subterránea en toda la región de Lipetren, y el proyecto Calcatreu superaría ampliamente estos límites.

Así mismo, Odarda expresó que “El Ingeniero Gardes en lugar de manifestar que si hay minerales seguirán dando agua a las mineras, cumpliría correctamente con su función, asegurando el derecho humano al agua a todos los habitantes de la Región Sur para uso domiciliario, para las escuelas, hospitales, comisarías, etc. y para el cuidado de la ganadería, agricultura, horticultura y otras actividades urbanas y rurales que tantos problemas han sufrido por efectos de la sequía y las cenizas del volcán Puyehue. La minería tóxica no es la única salida en la Región Sur como manifiesta el superintendente del DPA. La salida a años de postergación es el desarrollo de la ganadería, agricultura, del Tren Patagónico y de nuestra Trochita, del turismo, del desarrollo sustentable del corredor de la ruta 23, de la necesaria obra pública, de la industria limpia que puede asentarse en la zona con políticas económicas que no vayan en contra de la salud de los habitantes de esa región ni en contra de degradar el medio ambiente para las actuales y futuras generaciones».

La Región Sur se encuentra en una situación de desastre agropecuario. Tal es así que la ley Nº 4671 del 2011, declara este estado en los Departamentos de Adolfo Alsina, General Conesa, Pichi Mahuida, Avellaneda, General Roca, El Cuy, Valcheta, San Antonio, 9 de Julio, 25 de Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu, en razón de las graves sequías y la presencia de cenizas del volcán Puyehue. Mientras tanto, el DPA, mediante resolución Nº 1755 Expediente 126898- IGRH, con fecha 5 de diciembre de 2011, ha declarado la emergencia hídrica de la Región Sur e hizo lo propio el Ente para el Desarrollo de la Región Sur, el Concejo de Jacobacci y la Cooperativa de Agua y otros Servicios Públicos de ciudad.

Tal es así que la Diputada Provincial insistió que “por esa razón y ante un eventual uso de las empresas mineras, se ha solicitado que se la declare como bien natural, común y público toda el agua dulce disponible de la jurisdicción del municipio de Jacobacci y su zona ampliada de acuerdo a la Ley de Ejidos Colindantes”.

Por último, la parlamentaria del Bloque Progresista CC-ARI señaló «Pareciera que este funcionario también comparte la visión de que el proyecto minero implica dividir a la provincia en dos partes: las zonas preservadas y las que están destinadas al sacrificio como la meseta y la región sur. La palabra «afectar» utilizada por el Gobierno para decirle a los rionegrinos que la región cordillerana no va a ser «afectada» por la minería, lo dice todo. Triste destino le esperan a nuestros hermanos de la meseta y de toda la provincia, que sí serán «afectados» con la megaminería a cielo abierto con uso de tóxicos. El derecho a la igualdad ante la ley y la justicia social tan declamada de tanto en tanto, aparece así como una quimera ante tanta mentalidad neoliberal y pragmática que hoy nos gobierna».

 

PRENSA BLOQUE PROGRESISTA CC-ARI RN