Defensoría dice que no puede actuar en conflicto de las 87 viviendas de Roca

Viedma.- La Defensoría del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, dio a conocer su posición con respecto al reclamo recibido por los ocupantes del predio donde se asienta el plan de 87 viviendas que corresponden a la primera parte de un total de 150 casas construidas por el Sindicato de Trabajadores Viales en General Roca, donde solicitan los servicios de gas, luz, recolección de residuos y otros.

Ele organismo de control informó que tanto el conflicto principal como aquéllos que fueron derivándose de éste, son materia de intervención por parte de la Justicia tanto en el fuero civil como penal por lo cual, y en conformidad con el artículo 16 de Ley K Nº 2756 que rige el accionar de la Defensoría, se ve impedida de actuar en esta temática.

El artículo citado expresa: “El Defensor del Pueblo podrá rechazar la denuncia o queja en los siguientes casos: … inciso c) cuando respecto de la cuestión planteada, se encuentre pendiente resolución administrativa o judicial. Si iniciada la actuación del Defensor se interpusiera por personas interesadas recursos administrativos o acción judicial, el Defensor del Pueblo suspenderá su intervención”.

Es importante destacar que en este caso:

-Existe una causa penal por usurpación en trámite ante un Juzgado de Instrucción de General Roca.

-Se interpuso acción de amparo por parte de los ocupantes solicitando los servicios, que fue rechazada por la justicia de General Roca.

-Se tramita una causa civil presentada por damnificados no ocupantes.

-Existe causa penal en trámite seguida contra Carlos Sansuerro y Carlos Iturburu, quienes se encuentran privados de su libertad.

No obstante la imposibilidad de intervención en el conflicto y por entender que pueden verse involucrados derechos esenciales como la salud, con fecha 25 de julio de 2013 se remitió un pedido de informes al Ministerio de Salud, manifestando “que agentes del organismo de control a mi cargo, se reunieron el pasado 5 de julio con las familias que ocupan las viviendas, entre los que se encuentran niños, adultos mayores, recién nacidos y personas con discapacidad.

Sin perjuicio del tratamiento jurisdiccional de la ocupación, se advierte que puede existir una situación de vulnerabilidad social, con implicancias en materia de salud, principalmente en los grupos de riesgo de dichas familias.

Por ello le requiero que informe si se ha efectuado algún relevamiento de tipo sanitario de las personas que ocupan las 87 viviendas del conflicto del Sindicato de Trabajadores Viales-Cooperativa House Vial en la ciudad de General Roca”.

Por todo esto, la Defensora del Pueblo, doctora Nadina Díaz, manifestó que “a pesar de la imposibilidad legal de actuación de nuestro organismo para solucionar este conflicto, observo con preocupación la situación de menores y ancianos que son los que en mayor medida sufren la consecuencias de esta situación irregular”.