Debaten la implementación del “botón antipánico”
Viedma.- La Comisión Especial de Estudio de las Problemáticas de Género debatió hoy la implementación del “botón antipánico” en la Provincia. El dispositivo forma parte del proyecto para crear en Río Negro el Sistema de Alerta y Monitoreo Antipánico Rionegrino, de asistencia a las víctimas de violencia comprendidas en la ley de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares.
Se trata de una iniciativa que fue unificada en base a dos proyectos, uno de Beatriz Contreras, Facundo López, Matías Gómez Ricca, y otro de Tania Lastra.
El sistema de alerta y monitoreo busca dotar a las víctimas de violencia familiar de una herramienta eficaz, efectiva, portátil, práctica y eficiente (botón antipánico) que accione mecanismos de defensa y auxilio en situaciones de emergencia que puedan suscitarse, alertando a las fuerzas de seguridad dispuestas por el Estado rionegrino para brindar la asistencia necesaria.
Mediante el “botón antipánico”, la víctima activa un procedimiento de monitoreo georeferenciado (911 u otro similar) que la ubica en tiempo y espacio, alarmando a la fuerza de seguridad y grabando todo lo que está ocurriendo en el ambiente. El dispositivo se encuentra bajo control permanente desde centrales dispuestas a tal fin y es provisto por la Secretaría de Seguridad y Justicia en forma gratuita a pedido de la autoridad judicial competente.
La legisladora Lastra detalló los alcances del proyecto. Susana Diéguez hizo una observación con respecto a la viabilidad de la medida con relación a la estructura del Estado para afrontar su implementación. Arabela Carreras también hizo hincapié en la capacidad de respuesta que va a tener el Estado frente a la demanda, señaló que esa capacidad de respuesta está creciendo paulatinamente y enumeró una serie de medidas que desde el Poder Ejecutivo se están implementando para que de a poco se esté en condiciones de atender las demandas.
El expediente unificado obtuvo dictamen favorable y pasará a debatirse en la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Por otra parte, la Comisión presidida por Roxana Fernández analizó el proyecto para establecer derechos de Género en el ámbito del Sistema Provincial de Seguridad Pública. La iniciativa tiene por objeto establecer las condiciones de acceso, permanencia y progreso que en materia de género deberán contemplar las reglamentaciones internas de las fuerzas integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública.
La impulsora de la propuesta, Susana Diéguez, señaló en la reunión que el proyecto nació de la demanda de las mujeres de la fuerza de seguridad. Explicó, por ejemplo, que se advirtieron “algunas restricciones más severas para las mujeres que para los hombres” en su ingreso a la Policía. También expresó la necesidad de que se produzca un cambio cultural y se genere un marco de protección para aquellos integrantes de las fuerzas que lo necesiten, al menos hasta que exista una nueva ley orgánica policial.
Entre otras medidas, la iniciativa contempla la prohibición del establecimiento de límites para el ingreso de mujeres y varones a los Institutos de Formación y Escuelas del Sistema Provincial de Seguridad Pública, que no respondan a las exigencias legales y al orden de mérito alcanzado en los procesos de selección general.
También contempla que podrán inscribirse para rendir exámenes de ingreso las mujeres que se encuentren embarazadas o en período de lactancia, conforme las condiciones que se establecen en la presente, de las que se hará tomar conocimiento escrito en oportunidad de recibir su solicitud de inscripción.
Otras de las propuestas del proyecto busca que cada fuerza u organismo integrante del Sistema Provincial de Seguridad Pública deberá contar con una División de Atención a las Problemáticas de Género, con el objetivo de crear un espacio de orientación en cuestiones de género que se susciten en el ámbito del trabajo, designando además referentes en las distintas unidades organizativas para asegurar un completo despliegue territorial.
El expediente quedó en la comisión a la espera de informes pedidos a la Secretaría de Seguridad y al Ministerio de Gobierno.