“Precariedad habitacional, hacinamiento y desalojos” ● Carolina Marsella
Poder acceder a una vivienda propia, es uno de los principales anhelos de cualquier familia. También es uno de los más difíciles de alcanzar por su elevado costo frente al ingreso familiar y la escasez de créditos a bajo interés y largo plazo.
Hace pocos años trabajábamos en el equipo técnico del ex Vicepresidente Julio Cobos, la problemática que en Argentina representa el déficit habitacional, estimado en más de un millón de viviendas y más de dos millones y medio de soluciones habitacionales.
Las políticas vigentes no pueden satisfacer esta demanda que se multiplica, entre otras razones, a raíz del natural crecimiento demográfico. Este sistema está agotado en todo sentido. Necesitamos un cambio rotundo en la cultura del acceso a la vivienda, en el financiamiento y en la devolución, con un marco jurídico que lo garantice en el tiempo.
Necesitamos una Política de Estado en Vivienda, que en los próximos 20 años elimine el déficit y cubra el crecimiento demográfico. La misma debe basarse en la sanción de un marco jurídico que consolide el derecho constitucional del acceso con esfuerzo a una vivienda digna.
El mismo debe contemplar: Fondos estatales estables y coparticipados federalmente, mecanismos de ahorro y esfuerzo garantizados, participación activa de personas, organizaciones y empresas en varias formas alternativas, sistemas de financiamiento público, privado y/o mixto, pago de la vivienda en cuotas actualizadas, cobertura universal para cada estrato socio económico, alternativas de sistemas, métodos y diseños constructivos en Códigos de Construcción, entre otros temas.
En aquel momento se propuso la creación de la Unidad de Valor de la Vivienda como un eje principal del plan que funcionara como base del sistema de actualización de ahorros y créditos, ajustándose periódicamente en función de la evolución del precio de la vivienda social tipo y del salario, manteniendo constante en el tiempo, el poder adquisitivo del sistema en forma integral.
Este programa propone asegurar el acceso universal a la vivienda, con modalidades específicas para cada estrato socio económico de la población y contemplando variantes según las necesidades de cada Provincia.
Plantea un sistema integral de financiamiento de la vivienda social que brinde confianza a los inversores que aporten recursos, confianza en la posibilidad de acceso a la vivienda para todos los postulantes y confianza a los beneficiarios de que podrán pagar sus deudas, lo que debe plasmarse en una ley de financiamiento de la vivienda social.
El financiamiento, ahorro e inversión se prevé con aportes del Estado: porcentaje del presupuesto nacional, porcentaje del Impuesto a juegos de azar, aporte de los Estados Provinciales y Tierras Fiscales. Se contemplan como fondos de inversión la creación del ahorro previo en la Unidad de Valor de la Vivienda y la financiación compartida por empresas constructoras y entidades intermedias. Prevé un control sobre las obras y de la administración, además del cumplimiento del ahorro como de la devolución del crédito, disminuyendo los costos burocráticos y eliminando el sobreprecio.
La propuesta contempla la necesidad de planificar el aumento de producción de insumos constructivos, por lo que deberá realizarse un relevamiento de la capacidad de producción instalada en Argentina y los saldos disponibles para evitar faltantes o aumentos indebidos de precios. Las alternativas de sistemas, métodos y diseños constructivos, serán parte del Plan. Se prevé también, la implementación de programas de especialización de mano de obra.
Un Plan como el elaborado y propuesto en ese entonces, implica construir un 30% más de viviendas que las hoy existentes. Así es que se presenta como la oportunidad para repensar el ordenamiento territorial y urbanismo, definiendo un nuevo modelo de desarrollo y distribución poblacional del País.
Lic. Carolina Marsella
Título original: “Precariedad habitacional, hacinamiento y desalojos:
El problema de acceso a la vivienda” ● Carolina Marsella