Contradicciones en la política de Seguridad: ¿Se impone la mano dura?
Viedma (ADN).- La difusión de las listas negras por parte del gobernador Alberto Weretilneck y del ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, donde se transgredió la presunción de inocencia, se cometieron errores en su confección y se colisionó con la política social y de contención impulsada por la Secretaria de Seguridad, reveló una serie de contradicciones que auguran una seria crisis en ese área provincial, donde se suceden encuentros y se evalúan decisiones a tomar.
Esta tarde se reunió en calle Irigoyen, de Viedma, la secretaria de Seguridad, Martha Arriola, con el subsecretario de Política Comunitaria, Marcelo Vernet.
Los funcionarios quedaron descolocados con la difusión de listas que realizó el gobernador y en la cual no tuvieron la más mínima participación.
La actitud de Weretilneck, cada día más cerca de sectores que impulsan políticas de mano dura, chocaron de frente con los programas que se implementan desde esa Secretaria.
Desde la Secretaria de Seguridad, a los jóvenes en conflicto con la ley se les ayuda con dos programas PIC (integración comunitaria) y PRM (respuestas múltiples). Son proyectos a los que se les da financiamiento global, ayuda mensual individual y se paga un monto a un coordinador.
La idea es reinsertar a esos jóvenes por la vía del trabajo y la cooperación.
Pero, esa política impulsada desde Seguridad para jóvenes desde los 11 a los 25 años no tiene nada que ver con la estrategia de “escrache” que se realizó en Bariloche.
Es decir, por un lado desde la Secretaria de Seguridad se le puede ayudar a una persona para su reinserción social por medio de un programa y, por otro lado, el gobernador, con el ministro Di Giacomo, la escrachan. Estos programas están presentes en Bariloche, Viedma, Cipolletti y Regina.
Referentes del área de Seguridad mantienen reuniones para evaluar la situación. Muchos hablan que con esta actitud Weretilneck se ha inclinado por políticas más duras, más propias del sorismo y, por eso, no se descartan cambios en esta Secretaría, aunque se hace todo lo posible por mantener las apariencias, por lo menos hasta después de las elecciones.
Por otro lado, el subsecretario de DDHH, Néstor Busso, ratificó su adhesión al Gobierno: “Me siento parte de este gobierno que encabeza el gobernador Alberto Weretilneck”, dijo Busso, quien aseguró que distribuiría un documento público con su posición, porque tiene algunas diferencias.
El funcionario y analista político de radio Encuentro de Viedma dijo que la sociedad “no se divide tan fácilmente entre buenos y malos” y sostuvo que “hay que mantener las políticas de abordaje y no caer en la estigmatización de familias y sectores más pobres”. Se esta a la espera del anunciado texto que hasta esta tarde aún no aparece.
No es la primera vez que Weretilneck pone en jaque los postulados de sectores que impulsan acciones sociales y garantistas constitucionales para enfrenta el delito. En mayo pasado, el gobernador expresó también polémicas frases en Roca, cuando describió su política contra los menores que delinquen y donde propuso que “no necesariamente hay que apegarse tanto a la ley”
La frase fue un escándalo nacional y motivó en ese momento también un encuentro entre el primer mandatario provincial y Busso. En ese momento, éste también resolvió aceptar y entender las explicaciones del gobernador.
Mientras tanto, hoy se conoció además que el gobernador Weretilneck admitió, en un encuentro con Busso, que la difusión de la lista de presuntos delincuentes realizada en la ciudad andina se había realizado para causar “un impacto necesario, en un Bariloche que no responde”.
De ahí seguramente se puede desprender el apuro y la improvisación.
Según fuentes de ADN, la nómina habría sido confeccionada en la Jefatura de Policía con la entrega de información directa de los comisarios de cada una de las unidades de Bariloche.
Se cree que así como no se enteró Seguridad, tampoco se cruzaron los datos con otras fuerzas como Policía Federal, Prefectura o Gendarmería (ADN).