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Todas las voces, ampliación de derechos, libertad de expresión. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue celebrado por un amplio sector de la sociedad, incluso por el Gobierno provincial. Paradójicamente, la política de comunicación de Alberto Weretilneck implementada hasta hoy contradice el espíritu de la ley.
Tras el fallo, el Gobernador aseguró que profundizará el trabajo junto a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para lograr la aplicación de la ley en la provincia.
Su secretario de Medios, Guillermo Campetti, señaló que al recorrer Río Negro pudo “evidenciar que los medios son muy heterogéneos”, y por ello, “con la experiencia vivida”, van a poder recorrer junto al AFSCA “el camino hacia la implementación de la Ley de Medios”.
La AFSCA fue creada por la misma ley como un organismo descentralizado y autárquico que, entre otros derechos, debe garantizar la promoción y libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos.
Entre sus principios, el ente condena la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
¿Cómo hará el Gobierno de Weretilneck para garantizar la implementación de esta ley cuando la autoridad de aplicación de la norma condena una de sus prácticas habituales?
Hace más de un año y medio “el Brujo” marcaba “el punto de partida inicial de una nueva política en el manejo y distribución de la pauta oficial” que iba a recoger “la necesidad de transparencia, equidad y pluralidad” de los rionegrinos. El anuncio de esta semana, tras el fallo, parece ser un punto inicial parecido a aquél, que continúa durmiendo en el plano de las predicciones.
En Río Negro el gobierno del Frente para la Victoria continúa aplicando en forma discrecional y arbitraria la asignación de la publicidad oficial, sin informar a quién se otorga, cuáles son los criterios y en qué cantidad se reparte. Utiliza recursos públicos (por los cuales debería rendir cuentas) para premiar o castigar a los medios de comunicación, lo que representa una clara práctica de censura indirecta.
El 12 de abril del año pasado Weretilneck firmó un decreto que establecía un régimen “transitorio” entre las disposiciones de la ley A Nº 4.391, que regula la asignación de la publicidad oficial, y su efectiva reglamentación.
El decreto establecía un plazo de 15 días luego de su publicación, para convocar a todos los sectores involucrados a iniciar una discusión. Aquella convocatoria que imponía el decreto nunca se llevó a cabo.
Por aquellos tiempos el Gobernador consideraba que el proceso de reglamentación “debía iniciarse con la gradualidad necesaria y la participación de los distintos sectores que poseen un grado de interés en la materia, de manera tal que se garanticen los principios de información, pluralidad y eficacia que requiere este indispensable servicio público estatal”.
Con aquel decreto sólo se instauró en la provincia un sistema discrecional de reparto de publicidad oficial, similar al que repudiaba de la gestión anterior, basado en una novedosa clasificación arbitraria de medios de comunicación que nunca fue justificada por el Gobierno.
Una política parecida, pero en el Poder Legislativo, fue denunciada por la legisladora Ana Piccinini, quien asegura que el vicegobernador Carlos Peralta “maneja discrecionalmente los fondos del Poder y, sin priorizar más que su propio criterio, determina cuánto se destina del presupuesto a la publicidad oficial y quiénes son los medios elegidos para llevar adelante dichas pautas”.
En la Legislatura el reparto también es discrecional y arbitrario y ni siquiera se toman en cuenta criterios “científicos” como los establecidos en el decreto firmado por Weretilneck.
Decía Peralta en abril de 2008 al presentar un proyecto de su bloque para regular la publicidad: “Pretendemos llevar transparencia en el manejo de la publicidad oficial, para evitar así el marco de sospecha que sobre los medios de comunicación se tendió, a raíz de recientes denuncias públicas sobre la posible compra de opinión en los medios provinciales”.
“De esta manera —agregaba—, obligamos a que toda la publicidad oficial deba someterse a un sistema de contratación transparente que impida el manejo discrecional de grandes sumas de dinero, bajo el rótulo genérico de publicidad oficial”.
En otro proyecto de ley, presentado junto a otros legisladores que hoy forman parte del oficialismo, como Pedro Pesatti, Silvia Horne y Martín Soria, Peralta señalaba que “el Estado rionegrino posee obligaciones constitucionales relacionadas con la publicidad de sus actos, especialmente si importan movimientos de fondos públicos”. Por otro lado advertía que “la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta”.
El sector pichettista dentro del Parlamento, durante su efímero lapso opositor al gobierno de Weretilneck, también amagó un cuestionamiento a la política oficial de distribución de la pauta oficial con un pedido de informes presentado al subsecretario de Medios de la Provincia, Guillermo Campetti. Ese pedido fue promocionado en los medios por este sector como la solicitud de una “radiografía de la publicidad oficial”. Aquel diagnóstico solicitado todavía no se conoce.
La libertad de expresión en Río Negro se defiende sólo desde la mirada opositora. Cuando el opositor pasa al bando oficial, la crítica se desvanece.
En contraposición a lo que la Ley de Medios pregona, en los últimos tiempos el Gobierno de AW ha reforzado la asistencia a los medios hegemónicos. El diario Río Negro, por ejemplo, recibe casi 500 mil pesos mensuales, un monto mayor al que perciben, en conjunto, todas las radios FM de la provincia. Este dato se desprende sólo del aporte que realiza la Secretaría de Medios. Un patrón similar se sigue desde Lotería, Horizonte, ARSA, Turismo, entre otros organismos oficiales que pagan publicidad oficial.
“La libertad de prensa proporciona a la opinión pública uno de los mejores medios para conocer y juzgar las ideas y actitudes de los dirigentes políticos”, cita en el flamante fallo uno de los jueces de la Corte Suprema. “La libertad de las controversias políticas pertenece al corazón mismo del concepto de sociedad democrática”, reza el fallo celebrado esta semana por el Gobernador.
Para cumplir con lo declamado tras el fallo de la Corte Suprema, y para que la AFSCA pueda actuar, Weretilneck deberá, por fin, llamar a los distintos sectores de la sociedad para discutir el marco regulatorio que debe existir en Río Negro para que se garantice el derecho a la libertad de expresión.