Narcos ● Claudia Beltramino

La situación de inseguridad ciudadana se agrava aunque el gobierno se afane por minimizarla en principio y desvincularla de la inseguridad carcelaria después.

Desde que Marcelo Larraqui publicó su informe sobre narcotráfico en Rosario en el ejemplar del diario Clarín del domingo 3 de noviembre a lo que se sumó el informe en TV del equipo que lidera Jorge Lanata, pareciera que a los argentinos empieza a caernos la ficha.

Rosario camino a ser Medellín, pero no hay nada, nada, nada que impida preocuparnos por el destino de una Provincia en la que la seguridad parece estar en manos de diletantes, en una Provincia en la que a pocas horas de que el legislador a cargo de la Legislatura provincial, Carlos Peralta, afirmara que ya todo estaba en control del gobierno, desafiando esa improbable afirmación, volviera a escaparse un preso, otro preso más, de la cárcel de Bariloche, la misma de la que se habían escapado 5 presos por los techos, caminando por encima de la oficina del Jefe.

El Gobernador rionegrino, decidido a combatir la inseguridad revela un mapa del delito. A la grave vulneración al principio de inocencia, hay que sumarle que el mapa es coincidente con el mapa de la pobreza barilochense, allí en donde el narcotráfico recluta “soldaditos” que pueden armarse de 6 mil o 7 mil pesos mensuales, un ingreso que no lograrían de ningún modo, una posibilidad que solo esta actividad delictual podría proporcionarles.

Está claro que el narcotráfico es un delito federal, ahora, cualquier informe podrá confirmarle a Alberto Weretilneck, a Carlos Peralta, a Fabían Gatti, a Ariel Galinger y si hubiera sido confirmado en su puesto, también a Daniel Badié, que casi todos los delitos penales guardan vinculaciones con la droga, por lo que ocuparse del tema no solo no estaría de más sino que sería un modo responsable de abordar una temática que debe ser una cuestión de Estado.

Ahora bien, el mapa del Delito apenas le valió al Gobernador el desplazamiento de su sector más garantista para respaldarse en la mano dura, por qué no poner toda la energía en el seguimiento de la ruta del dinero, ya que en función del costo de 150 pesos por gramo de cocaína, como informa Larraqui en su artículo y en función de la información de droga incautada en Río Negro que representaría el 10 % del circulante real, podemos estimar en mil doscientos millones de pesos que necesariamente deben ingresar al mercado para lo cual requieren ser lavados.

Para que esta actividad delictual, crezca sin prisa y sin pausa, es posible sospechar la connivencia, no solo por parte de la policía sino también del poder político, de otro modo en lugar de un mapa del delito/pobreza, el Gobierno pondría toda su energía en seguir el destino de esos mil doscientos millones de pesos, aunque resultara que estos son parte de esos nuevos edificios lujosos que se levantan en Neuquén.

Las decisiones deben tomarse ahora, antes de revivir la triste historia de Colombia, antes de lamentar jóvenes muertos o en sillas de rueda, antes de sacrificar a una generación.

CLAUDIA BELTRAMINO