La administración se fagocita ● ADN
El gobierno del FpV se fagocita a si mismo. El contundente resultado electoral último ya se diluyó. Weretilneck echó por tierra todos los análisis políticos que estimaban que semejante apoyo permitiría retemplar al gobierno, producir cambios y profundizar en políticas de Estado.
Nada sucedió. El gobernador denunció –en un arrebato electoralista- a un conjunto de ciudadanos rionegrinos como autores de delitos, e incluso se mencionó a uno de los denunciados como el autor del disparo que hirió al sacerdote José María Lynch, en Bariloche. Un papelón, el cura nunca reconoció al agresor. Todo quedó en la nada. Se violaron derechos constitucionales de las personas, hubo abuso de autoridad y desde el interior del gobierno se convalidó la maniobra con el argumento simplista que “en la sociedad de Bariloche cayó bien la denuncia”.
Hay “autofagia”. La administración Weretilneck se fagocita y se retroalimenta con estos hechos y rápidamente los deglute, los digiere, los metaboliza y los desecha.
Así podría mencionarse un rosario de anuncios fracasados como el proyecto de planificación provincial, citado en una reunión de funcionarios provinciales en El Cóndor, o la construcción de la Ciudad Administrativa en Viedma, proyecto que comandaría el arquitecto Gustavo Casas, la construcción de 5 mil viviendas y muchos más.
No hay políticas y la administración gestiona poco y mal. Basta con hacer un racconto de los expedientes que transitan por los órganos de control interno para tener una idea cabal de la ausencia de gestión. Se abusa del pago por legítimo abono, una excepción en el reglamento de contrataciones que el gobierno convirtió en habitual.
Se transgrede la ley de administración financiera y nada se cuestiona en el cedazo de la Contaduría y la Fiscalía de Estado. Las licitaciones son mínimas, se recurre a la contratación directa y se pagan servicios sin contratos y sin publicación alguna, como por ejemplo los vuelos de aviones que utiliza el Poder Ejecutivo.
La ausencia de política da paso a conductas individualistas con una sola pertenencia: los megasueldos. La única lealtad de los funcionarios es con su bolsillo, que como decía Perón es la víscera más sensible del hombre, ni siquiera hay lealtad con el gobernador, quien le permite el buen pasar.
Así pudo conocerse que Luis Bardeggia le pidió a Weretilneck que su sucesor en el IPPV, Julio Arrieta no asuma hasta diciembre y le permita cobrar el sueldo y aguinaldo a fin de año y dar continuidad salarial a su próxima labor como diputado nacional.
En círculos íntimos de Néstor Busso, se comentó que quería renunciar como secretario de Derechos Humanos, contrariado con la denuncia pública del gobernador sobre los presuntos delincuentes de Bariloche y otras políticas oficiales que nada tienen que ver con su ideología. Parece que, como dicen muchos, otro tipo de compromisos pudo más que sus convicciones de antaño.
Martha Arriola y todo su equipo que fueron desplazados de la Secretaría de Seguridad, no se van. Siguen a pesar de que la actual política instrumentada desde el ministerio de Gobierno, es la antítesis a su pensamiento sobre la problemática de seguridad.
El bolsillo es el que manda. Así podríamos mencionar una sucesión de casos de funcionarios críticos del gobierno, pero defensores de la filosofía “no hagan olas que nos ahogamos”.
También la ausencia de política y líneas directrices permite una importante dosis de hipocresía en el funcionamiento de las líneas internas. Martín Soria, critica al gobierno por el aumento de la planta de personal y nada dice que uno de sus reductos favoritos, el Tribunal de Cuentas, con Erika Acosta y Juan Huentelaf, incrementó considerablemente el número de empleados, incluidos parientes y profesionales, curiosamente del Alto Valle, algunos de ellos amigos del intendente de General Roca. Tampoco critica otros ámbitos soristas como Lotería de Río Negro, donde se reparten suculentas cifras en publicidad.
Desde el interior del gobierno se cuestiona a Ernesto Paillalef, del Movimiento Evita, por el desempeño al frente de Desarrollo Social, con severas críticas a sus principales funcionarios. Todo queda en la anécdota y para evitar el desplazamiento del ministro se piensa en “vaciarle” el organismo y designarles a todos los funcionarios de segunda y tercera línea. Sólo le quedará a Paillalef renunciar o cuidar el bolsillo.
No pasó inadvertida la presencia en un acto organizado en General Roca por el ministro de Desarrollo Social –con notables ausencias oficiales- pero con la presencia del ultrakirchnerista “Chino” Navarro y también con “Pajarito” Grabois, antiguo jefe del FEN (frente de estudiantes nacionales) que luego se unió a Guardia de Hierro, una agrupación de la ortodoxia peronista con quien simpatizó Carlos Soria.
Todo vale en la actual miscelánea del gobierno. Mezcla que en algunos casos produce perturbación y posiciones encontradas. El tema carcelario y de seguridad es el mejor ejemplo que define la administración Weretilneck.
Se anuncia la creación del Ministerio de Seguridad, pero el responsable designado Oscar Albrieu no asume. Mientras tanto el gobernador y el ministro de Gobierno, nombran funcionarios como Badie y Torres y anuncian que la Policía se hará cargo de las cárceles o sea que el nuevo ministro llega con las unidades penales bajo un régimen cuasi militar que será difícil desactivar. Lindo presente griego.
Río Negro tuvo el triste privilegio de encabezar las noticias nacionales a raíz de la fuga de presos, con hechos irrisorios, como el fugado en muletas, los que se fueron en taxi y los que se bajaron del patrullero y escaparon caminando.
El gobierno, sin políticas, dejó en manos del ministro psiquiatra –defensor de la emoción violenta- la resolución del tema y como siempre pasa en estos casos se resuelve girando hacia la derecha, a la mano dura, a la represión y metió a la Policía en las cárceles, porque como pasó con los listados de Bariloche, está “bien visto por la sociedad”.
El juez de instrucción Penal de General Roca, Juan Pablo Chirinos, tuvo expresiones claras sobre esta situación. Puso como ejemplo a España, donde las cárceles están dirigidas por civiles, en todo el sistema interno y la Guardia Civil (policía) custodia los perímetros externos e interviene en casos de desorden, motín o fuga.
Con seguridad disminuirán las fugas en manera directamente proporcional con los malos tratos hacia los internos y la violencia en las cárceles. Para el policía el principio de autoridad es sinónimo de castigo, violencia y represión. El orden es la ley del más fuerte. Cuando esto se denuncie qué dirán el gobierno, los legisladores y los ámbitos oficiales de derechos humanos, hasta ahora totalmente ausentes.
Luis Di Giácomo se aferró a una muletilla muy de moda por estos días, al culpar de las fugas al narcotráfico, pero el ministro si tiene pruebas debe denunciarlas ante la Justicia, no puede sólo mantener un relato excusatorio de toda responsabilidad.
Para el gobierno el tema drogas se limita a un 0800 que incentiva la delación de consumidores menores y vendedores de poca monta e incluso no se dio a conocer un solo caso donde tuvo efectividad esta práctica. El Estado tiene la responsabilidad del control y represión del delito y no puede lesionar este principio.
De esta manera transita la administración Weretilneck. Con paso cansino y anodino. No cautiva, no convoca y no reproduce poder propio, pero a la vez duerme sin sobresaltos, porque no existe oposición política en la provincia. Cuenta al menos con dos años para seguir así y esperanzado sólo en las encuestas de buena imagen del gobernador. Lo mismo pensaba Miguel Saiz.
Hay conformismo, como aquellos equipos llamados “resultadistas” que juegan mal pero ganan partidos y campeonatos. Goles son amores.