Jueces vieron caso de ex funcionario condenado por defraudar a la administración

Viedma (ADN).- Los jueces del Superior Tribunal de Justicia rechazaron el recurso de queja que presentó un ex funcionario de la fallida Caja de Jubilaciones de Río Negro condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de defraudación a la administración pública, sentencia que quedó firme. El ex director de Administración de la Caja de Previsión Social, Roberto Oscar López Ocampo ya registró varios contratiempos judiciales, entre ellos cuando la Cámara del Trabajo de Viedma desestimó la demanda entablada en esta causa y motivó que el aquél interpusiera  recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuya denegación dio origen a la presentación de la queja ahora en estudio por pare del Superior Tribunal.

Según el máximo Tribunal rionegrino, López Ocampo “reiteró los fundamentos expuestos en el escrito de interposición del recurso extraordinario, donde a su entender expuso los desaciertos del fallo cuestionado, pero omite rebatir en forma concreta y eficaz los argumentos de la denegatoria, lo que constituye una valla insalvable para los fines de la habilitación de esta instancia de legalidad, conforme con la reiterada doctrina de este Superior Tribunal de Justicia”.

Luego del fallo judicial que lo condenó, el ex funcionario de la entonces Caja de Previsión Social, en el año 2009 la Junta de Disciplina dispuso su exoneración, con fundamento en que “son causas de exoneración la condena firme por delitos contra la administración, ya sea nacional, provincial o municipal …”.

En coincidencia con lo afirmado por la Cámara viedmense, la administración pública provincial hizo efectivo el cese de funciones del agente estatal conforme con lo dispuesto en la sentencia penal condenatoria.

“De esta manera, deviene improcedente sostener como lo hace el recurrente que se sustanció un nuevo sumario administrativo por los mismos hechos, en tanto el expediente 91000-JD-09 al que hace referencia tuvo por objeto cumplir con lo resuelto por la justicia penal”, remarcó la reciente resolución del STJ.

Refirió además  que “dispuesta la inhabilitación por la Justicia penal, el condenado cesa en sus funciones como agente público. Para esto basta con que la autoridad judicial interviniente le envíe la respectiva comunicación a la administración, la cual dispondrá que se haga efectiva la cesación de funciones del agente condenado. Tal cesación de funciones se produce por efecto de la sentencia penal condenatoria, siendo innecesario que la administración revoque el respectivo nombramiento: debe limitarse a darle cumplimiento al fallo del juez en lo penal”.

El año pasado, el Tribunal de Cuentas amplió el monto que debían restituir cuatro ex autoridades de la Caja de Previsión por irregularidades en la utilización de fondos públicos, hace más de 11 años.

Además de López Ocampo,los juicios de responsabilidad recayeron en el ex presidente de la Caja, Guillermo Pazzi; la ex directora de Turismo, Sonia Nazzetta y el empleado Walter Esteban Colombi. (ADN)