Ocampos detalló presuntas maniobras irregulares de empresarios por tierras

El Bolsón (ADN).- El legislador Jorge Ocampos (ARI) afirmó que la situación de irregularidad en el manejo de tierras públicas en la provincia de Río Negro “viene manifestando su más alto grado de impunidad durante la última década”.

Señaló que durante ese período “se ha conformado un escenario complejo mediante la presencia de grandes sociedades anónimas, inversores inmobiliarios inescrupulosos y empresas con intereses especulativos que han concentrado miles de hectáreas de tierra con bosques, con acceso a nacientes de agua dulce, en zonas de seguridad de frontera, sin que mediara para ello control alguno por parte del Estado”.

En un proyecto de ley que presentó durante los últimos días de diciembre para declarar la nulidad absoluta de actos administrativos sobre 1.498 hectáreas de la zona Andina, Ocampos detalló en forma pormenorizada el denominado caso Mindlin, que involucra a tres predios fiscales asignados a un mismo titular, según el legislador cipoleño.

Se trata de alrededor de 20.000 hectáreas cercanas a la ciudad de El Bolsón.

Ocampos hizo referencia a a Marcos Mindlin, empresario de la energía, titular de Pampa Energía, que explota la planta hidroeléctrica en Lago Escondido.

A continuación parte de las extensas explicaciones consignadas por el parlamentario arista.

La operación constituyó una clara triangulación, dado que los tres predios fueron escriturados a favor de Mindlin en escrituras sucesivas, el mismo día y en el mismo registro notarial. El Estado no hizo uso de su derecho de preferencia establecido por ley. A su vez, lejos de la aplicación de los principios de la Ley Q 279, se delataron claramente las pretensiones especulativas de los privados en dichas operaciones, pues ni bien se escrituraron dichas tierras, comenzaron los pedidos de aquéllos para poder venderlas.

Aquí se trató de una adjudicación directa a favor de Damián Mindlin, hermano de Marcos, directivo del grupo empresarial Patagonia Energía. En el 2010, la Dirección de Tierras y Colonias de Río Negro dispuso la adjudicación de un campo de 700 hectáreas a favor de Damián Mindlin, situado en cercanías de la localidad de El Manso, dentro de la zona de seguridad de fronteras y lindera con la estancia Lago Escondido. Ese mismo año se concretó la escritura definitiva.

A su vez, la cantidad de tierras que originalmente poseía la empresa Hidden Lake S.A. fue incrementándose en la medida que nuevas operaciones inmobiliarias permitieron su expansión.

Según la denuncia del entonces legislador Luis Bardeggia durante febrero de 2006, el Gobierno provincial adjudicó un predio rural de 329 hectáreas al presidente de la Empresa Forestal Rionegrina (Emfor SA), José Luis Martínez Pérez.

El 27 de diciembre del mismo año, a través de un boleto de compraventa, la propiedad fue transferida a Nicolás Bernardo Van Ditmar. En dicho contrato se especificó que Van Ditmar realizaba la operación “por gestión de negocios y con dinero de y para Hidden Lake”. Desde la primera operación, sólo transcurrieron 10 meses, lo cual ya se encontraba expresamente prohibido por ley. Una operación similar y con los mismos operadores se había realizado con otro predio de 247 hectáreas en el año 1997.

Recordemos que durante el año 2012, el defensor del Pueblo de la Nación, señaló en un informe la existencia de “maniobras” por parte de Hidden Lake SA para permitir al magnate Joseph Lewis quedarse con las tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera. El informe consigna también irregularidades en el proceso de adquisición de dichas tierras, así como una total ausencia de controles estatales sobre la documentación presentada, lo que derivó en la adquisición de más de 11.000 hectáreas, en dos operaciones.

El mismo José Luis Martínez Pérez, abogado y apoderado de Hidden Lake S.A., titular de la empresa estatal Enfor S.A., adquirió de la provincia de Río Negro en 2008 la empresa Forestal y Ganadera San Tadeo SRL –a través del intermediario Fernando Valenzuela, que integra el mismo estudio de abogados que Martínez Pérez– la titularidad de dos predios: uno por 4.526 hectáreas, donde se abonó apenas la suma de $ 36 la hectárea, y otro por 5.598 hectáreas a $ 27 la hectárea. Luego de pocos meses de realizada la primera operación, las más de 10.000 hectáreas fueron transferidas a la doctora Ana María Trianes, cónyuge del doctor Martínez Pérez y socia en su estudio en otra evidente triangulación.

Por lo detallado, no resulta aislada de la realidad la resolución del juez Penal de Viedma, doctor Favio Martín Igoldi, difundida el 14 de noviembre de 2013, donde dictara el procesamiento del exministro de Producción, Juan Manuel Accatino, y de los funcionarios del área de Tierras de la Provincia, Daniel Alberto Tait y Jorge Daniel Belacin, en varios hechos vinculados con adjudicaciones y ventas de tierras fiscales. La actuación de los ex funcionarios fue encuadrada por el magistrado como «fraude a la administración pública por administración fraudulenta agravada en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Además, decide disponer el sobreseimiento de los ciudadanos Federico Pío Van Ditmar, Damián Miguel Mindlin, Marcos Marcelo Mindlin, y Ana Maria Trianes. Sin embargo, el doctor Igoldi también corrió vista al fiscal para que analice «la probable comisión de delitos de evasión fiscal, ante la posible adquisición ficticia de bienes por parte de Marcos y Damián Mindlin, quienes en realidad lo habrían hecho para Joseph Lewis con la intervención necesaria de Nicolás Van Ditmar».

Pero más relevante aún para el planteo de la ley aquí propuesta, el Juez también dio intervención a la Fiscalía de Estado provincial a los fines que investigue «la posibilidad de reintegrar a la Provincia de Río Negro las tierras fiscales indebidamente adjudicadas y vendidas a particulares, e instó a Fiscalía de Estado que inicie un proceso de recupero de las tierras».

Asimismo, dispuso que «Los imputados Tait y Belacin, en sus respectivos cargos, y el por entonces Ministro de Producción de Río Negro Accatino, violaron en los casos que cada uno de ellos intervino el deber de confianza y cuidado para con la cosa ajena. Esto, sin dudas, con el objeto de beneficiar a terceros adquirentes de los predios en perjuicio del erario provincial. Esto, claramente, implican actos de administración fraudulenta de bienes públicos cuyo manejo, custodia y administración tenía cada uno de los imputados en su órbitas”.

Continuando, deja abierta finalmente la posibilidad de existencia de delitos tributarios por parte de los privados, toda vez que indicó que “en los casos de los hermanos Mindlin, aparecen ambos como empresarios radicados en la Capital del país, quienes a sugerencias de Joseph Lewis adquieren tierras en la región. (ADN)