Manos de tijera ● ADN

Alberto Weretilneck finalmente decidió recortar la planta de funcionarios del Ejecutivo, algunos con origen en la gestión de Carlos Soria y la mayoría designados en la actual administración. Esta medida será acompañada –según se anunció- con una disminución en los haberes de los cargos políticos.

El gasto público perdió el control y el sueldo de los funcionarios es el centro de fuertes críticas de la oposición, gremios estatales, sectores de la producción e incluso de intendentes oficialistas.

Existe un abuso irritante con la designación en el Estado de familiares y amigos que en muchos casos ni siquiera responden al compromiso político, sino más bien a la voracidad desmedida del enriquecimiento merced al erario público.

Como ya dio a conocer oportunamente hay sueldos que superan el ingreso del gobernador, porque hubo en algunos casos una aplicación, por lo menos extraña, de algunas bonificaciones a sus remuneraciones hasta alcanzar cifras desmesuradas. A esto hay que sumar otros beneficios como el pago de alquileres, movilidad, telefonía y demás gastos.

Basta citar los casos de la Defensora del Pueblo, los vocales del Tribunal de Cuentas, al Fiscal de Investigaciones, al Contador General y al Fiscal de Estado. La reducción de estos sueldos serán tratados el viernes 14 en una sesión de la Legislatura pedida por el gobernador.

También hay ingresos extras como el caso de la Fiscalía de Estado, que además de avanzar en el tema judicial en otras jurisdicciones como los juicios de Horizonte y los apremios de Rentas, puso en funcionamiento un sistema de distribución de ingresos por honorarios judiciales que suma importantes beneficios a la estructura de funcionarios. Una extra donde pocos ganan mucho mientras el resto de los empleados recibe migajas.

Toda la información estuvo siempre en el despacho del gobernador. Su particular estilo de medir los tiempos llevó a los funcionarios al extremo de la confianza y la impunidad, mientras que las críticas eran desoídas.

Además el discurso oficial permitía pensar que Río Negro era la provincia del superávit y la abundancia, con una economía fuerte y saneada. Nada fue cierto.

Hubo un punto de inflexión. Estuvo dado por las declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck en los primeros días del 2014, cuando habló de “un año de carencia” y que se iniciaba “un proceso de austeridad”.

Fueron declaraciones de fuerte impacto y solo quedaba ver de qué manera desde el gobierno se actuaba en consecuencia.

Weretilneck dejó pasar el tiempo, se tomó vacaciones y junto a un reducido grupo de colaboradores tomo la primera medida: dictó el decreto 44, donde dejó cesante a 315 funcionarios (faltan nombres en la lista del anexo) para reducir la planta a 175.

¿Hay confianza en las medidas del gobierno? Siempre existe el derecho a la duda ya que no es la primera vez que se habla de cambios sustanciales que luego no se producen. Una encuesta realizada en Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche, luego de conocerse la reducción de funcionarios, dice que el 60 por ciento de la población está de acuerdo con la decisión del gobernador.

Hay evidencias incontrastables. El propio gobierno ha dado las pautas de que sobran muchos funcionarios y que el nivel de gestión en cada uno de los ministerios y organismos es ineficiente. No hay dedicación full time –a pesar de los elevados sueldos- en las tardes hay oficinas cerradas y la semana laboral, para algunos, tiene sólo tres días.

Nada que no se sepa. El diagnóstico es repetido, faltan las soluciones. No está ausente en este tema analizar una reforma a la ley de ministerios. El gobierno de Río Negro consta de nueve ministerios (Gobierno, Educación, Salud, Obras Públicas, Economía, Agricultura, Seguridad, Turismo y Desarrollo Social) y varias secretarías (General, Energía, Ambiente y Trabajo), una estructura sobredimensionada. Revisar misiones y funciones permitiría oxigenar la presión sobre el gasto público.

No está ausente en la intención de encarar nuevos rumbos la puja interna en el gobierno y sectores del justicialismo. Basta leer con atención el comunicado del Movimiento Evita, los mensajes del intendente Martín Soria –ahora también muy enojado con el vicegobernador Carlos Peralta- y las del legislador Ariel Rivero pidiendo “hablar más adentro que afuera”.

En este contexto el gobernador deberá decidir quien hace verdaderamente las valijas y en esto cada funcionario que ve peligrar su sueldo recurre al dirigente de su sector interno para que lo proteja o lo reubique en otro puesto. Un punto donde se pone a prueba el verdadero peso político del dirigente y su compromiso con el gobierno.

No falta quienes sugieren que habrá consecuencias y reacciones que pudieran afectar al gobierno, incluso algunos rebotes en los organismos de control.

Alberto Weretilneck buscó alianzas para avanzar en su derrotero, pero dejó en claro que es el jefe del gobierno y conductor del proceso. Pide lealtad y desconfía.

Separó del gabinete a Ernesto Paillalef y colocó en el ministerio de Desarrollo Social a un dirigente peronista de su confianza, Ricardo Arroyo, con el propósito además que este legislador del Valle Medio le genere políticas de adhesiones a su proyecto político.

El dirigente roquense del Movimiento Evita se fue luego de una opaca gestión, fue poco lo que construyó y además con una carencia total de autocrítica.

Habrá nuevos cambios. En fuentes oficiales se estima que en las próximas semanas podrían producirse novedades con la misma tónica. Colaboradores con sentido de pertenencia y lealtad, para trabajar en una construcción interna dentro del FpV que le permita presentar su candidatura a gobernador para el 2015.

Trascendidos señalan que Weretilneck hasta el momento sólo desea mantener su alianza con Miguel Pichetto y no se descarta que pudiera llegar al gobierno algún dirigente cercano o avalado por el senador.

En esta estrategia el gobernador también acciona a favor de mantener aceitadas las relaciones con los intendentes y legisladores, a la vez que envía señales con evidencias de que poco y nada le preocupa lo que diga o haga Martín Soria o la independencia que pone de manifiesto la intendente de San Carlos de Bariloche María Martini.

Quienes trabajan junto a Weretilneck se entusiasman con la sanción de la ley que fijará elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección provincial.

Existe el convencimiento que las PASO darán al gobernador la posibilidad de ser nominado como candidato del FpV para el 2015, un atajo que lo libera de las internas cerradas en el justicialismo y permite apoyos desde el seno de la sociedad.