Megasueldos y privilegios ● ADN
La decisión del gobernador Alberto Weretilneck de avanzar sobre los sueldos de privilegio en el Estado rionegrino, provocativos para el sentido común de cualquier rionegrino, tendrá un nuevo capítulo en el anunciado plan de contención del gasto público.
El propósito es que en el ingreso del gobernador sea el tope de los salarios de los funcionarios, aún cuando existen garantías constitucionales como la intangibilidad de los sueldos de jueces y otras normas que “enganchan” organismos con la política salarial del parlamento rionegrino.
Hubo en los inicios de la provincia una real equiparación de los sueldos de todos los agentes públicos en los tres poderes, situación que se fue distorsionando en la búsqueda de espejos que garantizaran reajustes con parámetros extraprovinciales, siempre con el propósito de resguardar los sueldos del latente flagelo nacional que es la inflación, sobre todo la Justicia que hizo su enganche con el Poder Judicial de la Nación. Hubo otros con el Congreso Nacional y hasta con la Policía Federal.
Las distorsiones no tardaron en llegar y las injusticias también. Siempre el sector más relegado fue el empleado público, pero cabe mencionar que nunca existieron las diferencias actuales entre el agente públicos y los funcionarios.
El gobernador anunció una reducción de los ingresos de la planta política, sin precisar aún de que modo operará, ya que no es lo mismo rebajar un 15 por ciento a un ministro que a un director.
Este debate de los llamados megasueldos tuvo como epicentro las desviaciones producidas en los organismos de control internos y externos, a punto tal que fue el propio gobernador quien puso mano en el tema.
De esta manera, la Legislatura de Río Negro, a pedido de Alberto Weretilneck, tratará la puesta en marcha de un sistema donde los sueldos de la Defensora del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativa, Fiscalía de Estado y Contador General de la provincia, sean menor que el del gobernador y equiparado en unos casos al ingreso de un ministro y en otros al del legislador, donde queda en análisis el cobro de fondos reservados.
En este debate no pasó inadvertido un proyecto de ley que el fiscal de Estado Pablo Bergonzi elevó al gobernador, con algunos artículos de dudosa interpretación.
Weretilneck reaccionó de inmediato y formuló personalmente modificaciones al articulado de la iniciativa del fiscal. Se habló incluso de un fuerte intercambio de opiniones. Bergonzi viajó luego a General Roca, según trascendió, con síntomas de hipertensión.
Sucede en este contexto que las relaciones internas en el Gobierno con el fiscal de Estado están en franco deterioro, sobre todo al conocerse el sistema interno que fijó en la Fiscalía para la distribución de los ingresos por honorarios judiciales.
El tema salarial se inicia en febrero del 2012 con los adicionales por responsabilidad que se suman a los sueldos, fijados por el ex gobernador Carlos Soria. Luego, al mes siguiente, se produce la reforma a la ley 88 de Fiscalía, donde el organismo hace suyo todos los juicios del Estado y como consecuencia suma nuevos honorarios.
Tampoco pasa desapercibida la forma en que el Fiscal organizó al organismo: en la Delegación de la Fiscalía de General Roca, designó a Francisco López Raffo, socio suyo en el estudio López Raffo, Bergonzi & Boglio, sito en la calle Sarmiento 1175 de Roca, y a María Emilia Soria, ahora diputada nacional por el Frente para la Victoria.
A su vez, en la Delegación de Cipolletti, nombra a Ramiro Manuel Mendía, socio de Juan Bautista Justo -fiscal de Estado Adjunto de la provincia- en el estudio de abogados de Roca 85 de Cipolletti. Mendía también fue funcionario de la gestión de Tamara Pérez Balda en la gestión radical anterior.
Se cuestiona entonces desde el mismo Gobierno una concentración de recursos por honorarios judiciales que se reparten entre los funcionarios y delegados y que incrementan considerablemente los ya denominados megasueldos. Esto también debería ser parte del debate.