Orden judicial de desalojo de anciana de su casa derivó en múltiples intervenciones
Viedma (ADN).- Una orden judicial de desalojo de una anciana de su propia casa generó esta mañana momentos de suma tensión entre familiares de Nilda Epul (72), quien sufriría dos enfermedades neurológicas.
Pero, también, la situación derivó en la intervención de autoridades policiales (con orden judicial de inmediato desalojo), del secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Néstor Busso, funcionarios de Promoción Familiar, empleados judiciales notificadores y personal del hospital Artémides Zatti, ante el llamado urgente por la eventual asistencia médica de la mujer. Y se sumaron un concejal y varios vecinos del barrio Fátima.
La serie de sucesos comenzó poco después de las 9 en la casa ubicada en Mayor Linares 689, esquina San Luis. En ese lugar, nietas de Epul exhibieron pequeños carteles con las consignas “No al desalojo”, “Negligencia 40 años de sacrificio” y “Justicia ya”.
En el lugar, Diego Candia – de la organización La Cantora- dio detalles del caso. “Desde hace 40 años que Nilda vive acá y ahora el hijo de un anterior matrimonio de ella, que llegó de Buenos Aires, reclama el ciento por ciento del inmueble”.
Candia advirtió la existencia de una orden de desalojo compulsivo emitido por la jueza Rosana Calvetti y, por eso, dijo que los familiares que estaban en ese momento en la casa (varias jóvenes con cuatro hijos menores) requerían la prórroga por 48 horas del referido mandamiento judicial.
“No apareció el Tribunal de Familia, en franca violación de los derechos de Nilda”, afirmó Candia en diálogo con ADN.
En otro momento, llegó al lugar el comisario Juan Fernández, titular de la Comisaría Primera de Viedma, acompañado por varios efectivos policiales en un patrullero y dos camionetas, incluso una que utiliza el cuerpo de intervención especial COER.
También llegó un notificador judicial y la abogada local Patricia Falca, quien se mantuvo a una distancia prudencial de la vivienda de Epul.
Fernández informó a familiares de Epul –también estaban varios vecinos en apoyo de ella- que “hay un requerimiento judicial de desalojo” y aludió que iba a hacer cumplir ese mandamiento oficial.
A los pocos minutos, arribó Busso, quien fue informado por Fernández de la situación planteada. También llegó el concejal justicialista Juan Carlos Cerone.
En la orden de desalojo, emitida por Calvetti, figura un tal Raúl Sherriff, quien sería demandante del inmueble donde vive Epul.
Mientras tanto, además de Epul, se encontraban en la casa dos mujeres jóvenes, un adolescente y cuatro chicos de 2, 4, 6 y 8 años. Aquellas optaron por colocar candados a la pequeña puerta de reja de acceso a la vivienda.
Por su parte, Fernández informó a Busso que él mismo había explicado a Epul, el viernes pasado, la situación y habría recibido el compromiso que no habría dificultades.
Pero, Epul se habría descompensado esta mañana y fue entonces que un vecino llamó al hospital Zatti para que enviaran una ambulancia.
Cuando llegó el personal hospitalario no pudo ingresar a la casa por decisión de las nietas de Epul. “En el hospital tenemos una sola ambulancia, así que no podemos demorar mucho”, dijo el médico del hospital. No obstante, las dos jóvenes le indicaron que su abuela ya estaba bien.
Como parte de la serie de situaciones, Busso y Cerone habrían tomado la decisión de hablar con la jueza Calvetti, en su despacho de los Tribunales, para buscar solución al caso planteado. (ADN)