Burlarse del voto del ciudadano ● Miguel Cardella
En días previos al inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura de Río Negro, los legisladores Facundo López y Matías Gómez Ricca, hicieron pública su pertenencia legislativa y política a la actual administración que conduce el Frente para la Victoria.
Lo llamativo de la cuestión es que estos legisladores accedieron a sus bancas a través de la lista de candidatos de otra alianza política y no del frente al que políticamente responden. Estas personas se integraron como candidatos extrapartidarios y suscribieron la plataforma de la Alianza Concertación para el Desarrollo, cuyo candidato a gobernador fue César Barbeito.
El sistema político no puede dejar pasar por alto esta burla al voto de los ciudadanos/as. Tampoco puede omitirlo la dirigencia que conduce los destinos de la Unión Cívica Radical de Río Negro.
En el sistema democrático, la ciudadanía a través del voto, elige al partido político que conducirá el gobierno y para el caso de los partidos que no acceden a esa conducción, corresponde asumir el rol de oposición y control a la administración gubernamental. Así se establece un contrato y compromiso de representación entre el partido político y la ciudadanía. Pero previo a ello, hay un contrato y un compromiso entre los candidatos/as y la organización política que integra; de allí se construye y se genera adhesión a la plataforma electoral que se presenta ante la justicia electoral.
En el caso concreto de López y Gómez Ricca, ellos como candidatos firmaron una plataforma para ser gobierno con César Barbeito y de no ser así, conformar la oposición desde la Concertación para el Desarrollo. Ese es su contrato con la ciudadanía y con el resto de los partidos políticos de la Alianza.
La Unión Cívica Radical tiene una posición ideológica respecto al sufragio, porque fue su bandera de lucha desde su fundación con el claro fin de incorporar sectores excluidos del derecho a votar como sucedía en el siglo XIX. Es decir, desde sus bases fundacionales existe un compromiso con la ciudadanía. Aquella lucha que se transformó en una revolución, tuvo como consecuencia la primera ley electoral sin trampas en la Argentina (la llamada ley Sáenz Peña).
Ahora bien ¿qué esconde la decisión de integrar el poder oficialista? Esta respuesta deberían darla pero en cambio la ocultan. Así no se hace política, así se le resta jerarquía, así se bastardea una noble actividad y esto genera falta de calidad en la representación.
¿Cómo entusiasmar entonces a los jóvenes para que se sumen a la actividad política cuando ven estos ejemplos? Definitivamente no es la manera. De este modo sólo confirmamos sus prejuicios y si no los tienen, contribuimos a su construcción.
De esta conducta, la de emerger como oposición e irrumpir como oficialistas, surgen algunos interrogantes. ¿Cómo harán López y Gómez Ricca para llevar adelante la plataforma de la oposición si hoy son parte del oficialismo? ¿La banca que ocupan es personal/individual? ¿Con la representación que le otorgó el voto popular, se hace lo que venga en ganas? ¿Se justifica la actitud de llegar a la banca legislativa desde una alianza política de oposición y en medio del mandato se puede transformar en oficialista porque sí?
Si los legisladores asumen el compromiso de apoyar al gobierno surgido en enero de 2012 están en su total libertad, pero que lo hagan desde un cargo ejecutivo: como funcionarios y dejen sus lugares de representación (sus bancas) a quienes si van a encarnar el voto popular y desempeñar el rol que corresponde como oposición.
¿Por qué deberían dar razones de su cambio? Porque estamos frente a un travestismo político que afecta a la política, o acaso este no es un descredito más. Los legisladores deben expresar los intereses generales que suscribieron en la plataforma electoral, pero resulta que expresan sólo sus intereses individuales. Lo cierto y patético del caso, es que saben que sus conductas no ponderan la política, y aun así, osan hacerlo con la complicidad de buena parte de la dirigencia que no se pronuncia ni acciona al respecto.
Al tratarse de un cargo público, como lo es una banca de Legislatura, debería haber una rendición de cuentas por parte de estos legisladores hacia sus votantes para dar razones de su cambio.
La actuación y valoración de los Partidos Políticos están contenidos en nuestra Constitución que reconoce y asegura su existencia, que establece que estos expresan el pluralismo ideológico concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular, porque son reconocidos como los principales medios para la participación y representación política del Pueblo rionegrino y son las únicas organizaciones habilitadas para nominar candidaturas a cargos que se proveen mediante elección popular.
En consideración a esta situación, corresponde que el partido mayoritario que conduce la Alianza opositora al actual gobierno provincial, la Unión Cívica Racial, solicite la devolución de esas dos bancas. También en este sentido es muy clara la Constitución, que afirma que las bancas de toda representación política legislativa pertenecen a los partidos políticos que las nominaron y que a solicitud del órgano deliberativo máximo partidario provincial, se podrá requerir la revocación del mandato de un representante y su sustitución por el/la suplente correspondiente ante la justicia electoral. Justicia que hará lugar al pedido cuando se invocare y probare una violación ostensible y grave de la plataforma electoral.
Hay dos ciudadanas, Silvia Morales candidata por representación poblacional y María Rosa Iémolo, candidata por el Circuito Alto Valle Oeste, con todo el derecho de asumir el rol que la ciudadanía estableció con su voto el 26 de septiembre de 2011.
La violación es flagrante, los legisladores integraron las listas como extrapartidarios y hoy son integrantes del Frente Grande, partido que si integró la fórmula que llevó a Carlos Soria a la Gobernación. Esas bancas no le pertenecen a estos legisladores que no cumplen el contrato social y político con la ciudadanía. Las bancas son de la alianza política y ésta tiene el deber político de requerir su devolución.
En definitiva, los Legisladores Facundo López y Matías Gómez Ricca se burlan del voto del ciudadano porque lo inducen a tener por cierto lo que no lo es. De la oposición devinieron en oficialistas. Esta conducta es repudiable y merece una respuesta política, una actuación partidaria y algo más contundente aún: la reflexión del electorado para el próximo 2015.
Miguel Ángel Cardella
Abogado
Título original:
BURLARSE DEL VOTO DEL CIUDADANO:
«Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros” (Julius Henry Marx).