Impunidad • ADN

Viedma.- El gobierno del Frente para la Victoria dejó en el camino, en estos dos años y cuatro meses de gobierno, muchas de sus promesas electorales y fue desgajando aquel discurso anticorrupción que concretó el triunfo en las urnas.

No fue consecuente con aquel montaje publicitario de eficiencia y cambio en las conductas y procedimientos de la administración del Estado y muchos de sus funcionarios no estuvieron a la altura de las circunstancias y tampoco fueron y son coherentes con las promesas al electorado.
No puede calificarse a todo este gobierno como corrupto, porque sería una falacia, pero tampoco es posible reconocerle méritos en el control de procedimientos corruptos en la administración del Estado.
Pero es tan importante la transparencia en el manejo de los dineros públicos como la voluntad de ejercer el gobierno con políticas transformadoras de la realidad rionegrina, que impliquen crecimiento y beneficio para los habitantes de la provincia, también prometidas al calor de los discursos electorales.
También hay que computar que no es menos grave en el manejo del Estado, la ineficiencia, el desconocimiento y la ignorancia en los procedimientos administrativos, porque todo esto también es gravoso para el erario, cuesta dinero, tiempo y atrasos.
En la rutina y la complacencia se fue desarrollando esta gestión del FpV, mientras que se sucedían diversas denuncias en la administración del Estado fueron dejando en el camino a los Goinhex, Del Valle, Catini, Lastra y varios funcionarios más. Ya no podrá decir Weretilneck que no hay procesados en su gobierno.
El caso de Gabriel Esteban Limardo, que aparentemente designó tres funcionarias en el ministerio de Gobierno primero y luego en la cartera de Seguridad, merced a su cargo de Director de Recursos Humanos, es una muestra más del desorden e impunidad que persiste en la administración pública provincial.
Hacer que algunas personas cobren sueldos del Estado sin decreto, asignación de partidas y los controles pertinentes, solo habla de desidia, descontrol, inoperancia y sobre todo un peligroso marco de complicidad e impunidad.
Este funcionario hoy sospechado de corrupción estuvo dos años observando que en esta administración era posible un acto administrativo ilegítimo.
Obró de esta manera ya sea porque tuvo algún visto bueno cómplice o porque conocía la fragilidad de los controles internos, ayudado por la pasividad, la desidia y la negligencia de los funcionarios del Estado