Policía rionegrina: yo tengo (todo) el poder ● Luis Giannini

El gobierno de Río Negro se vuelve a arrodillar otra vez más frente a la corporación policial, que termina de conseguir la eliminación de cualquier vestigio que quedara en esta gestión de sus iniciales postulados de seguridad democrática y de tratamiento penal en los cauces de la legislación nacional vigente , que define claramente que dicha función debe ser ejercida por personal específico, diferenciado de la fuerza policial.

Con el reciente decreto anunciado por el gobernador que termina con el carácter civil del personal del servicio penitenciario, cambiando su condición laboral hacia la militarización del servicio, prohibiéndoles la afiliación gremial y el reclamo colectivo, los agentes penitenciarios pierden sus derechos sindicales y laborales adquiridos, pero ahora tendrían expedita la vía de la extorsión, como lo hicieron los policías y su cúpula el 8 de diciembre. O sea que tendrían la oportunidad de integrar las filas de la corporación policial que con sus acciones, además de conseguir buenos salarios, puede imponer condiciones de impunidad a su gestión de la violencia institucional en la provincia de Río Negro.

Si esto es mentira que nos demuestren los avances que han tenido los procesos judiciales o administrativos que debieran definir el esclarecimiento y las condenas por las muertes de los jóvenes de Bariloche de junio de 2010, de Coco Garrido, de Daniel Solano y muchos otros casos paradigmáticos. Todo está convenientemente detenido, como los reiterados hechos de fugas y represiones en las propias cárceles, donde el accionar nefasto de la policía, responsable de la seguridad interna y externa de los penales desde siempre, queda confuso e impune.

Las fugas son fallas de seguridad en los penales o bien son mensajes mafiosos para el poder político, no son producto del trabajo de tratamiento penal de los agentes penitenciarios solamente. No es un problema de quién estaba de licencia o de horarios de trabajo. Eso es una falacia creada para disimular la genuflexión ante la corporación policial, que con esta medida consigue restaurar la condición de dominio pleno que tuvieron con la gestión radical.

Exhortamos a los legisladores de la oposición y del oficialismo a generar un debate legislativo que produzca la derogación del decreto ley anunciado por el gobernador en este día, por ser claramente violatorio de la ley nacional 24660 y de los estándares en DDHH para la gestión de las cárceles establecidos por nuestra Corte Suprema de Justicia en el caso Verbrisky s/habeas corpus, en particular, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, que fijan condiciones que nunca se cumplieron en Río Negro para el tratamiento penal de los reclusos en las cárceles, pero además este decreto termina de violarla en todo su capítulo referido al personal (arts. 200 y subsiguientes de la ley 24660) haciendo perder toda especificidad de la función que ahora ya, definitivamente, será una labor policial, lo cual sólo garantizará las conocidas “tareas” de represión y violencia institucional a que está acostumbrada la policía rionegrina, tan contrarias a un tratamiento penal adecuado como propone la legislación nacional, que impida la reicidencia y favorezca la reinserción social de los internos, garantizando al mismo tiempo sus derechos elementales como personas.

Lamentamos profundamente el claro retroceso que implica esta medida y por eso instamos a todos los sectores democráticos de nuestra provincia a pronunciarse por su no aplicación.

Luis Giannini, Sec. Gral. CTA Río Negro.