Funcionarias Truchas: Los nombres que usó Limardo y las graves falencias del Estado
Viedma (ADN).- Los nombres que utilizó Gabriel Limardo, el ex titular de Recursos Humanos de Gobierno, para realizar nombramientos irregulares en el Estado, son de personas reales y básicamente, en su mayoría, vinculados a la empresa de limpieza de su pareja, Jésica Lago.
Según pudo confirmar ADN, además de los tres nombres que ya se difundieron, Olga Asaroff, Silvana Traipe y Myriam Mamani, ahora se agregan ocho más: L Avale L, F Hernández, T Hernández, E Quiñenao, V Quiñenao, G Rezzonico, G Muriño y F Traipe.
Estas son las 11 identidades que utilizó Limardo para concretar los nombramientos donde se detectaron irregulares y que los implementó en dos etapas.
En la primera desde el 15 de abril del 2013 al 31 de enero del 2014, fueron por la confección de decretos falsos armados con fotocopias de tres personas Asaroff, Traipe y Mamani.
La segunda etapa se concreta con el decreto Nº 462 -de abril del 2014 – de nombramiento de agentes penitenciarios. El documento inicial tenía 282 nombramientos, pero se agregó 11 más, con un detalle, ninguna de esas personas había rendido el curso, requisito imprescindible para ser incorporado al servicio.
A diferencia del primer caso, de la falsificación de tres decretos para nombrar funcionarias, en este segundo, de nombramientos de 11 agentes (las tres funcionarias, mas 8 nombres más), el decreto es legítimo y circuló por el circuito habitual, con lo que demuestra nuevamente la fragilidad de los controles establecidos, que fallaron todos.
Un decreto de nombramiento “normal” circula por diferentes organismos: Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, Fiscalía de Estado, Secretaría Ejecutiva del Consejo Provincial de la Función Pública, Secretaria Legal y Técnica, Ministerio respectivo y Liquidación, entre otros.
Este decreto Nº 462 tenía dos irregularidades: la primera, en los fundamentos se habla de 282 agentes (los mejores promedios) y en la planilla anexa (publicada oficialmente) hay 293 nombres. Ninguno de los organismos de control detectó esta diferencia de 11 nombres.
La segunda es que las personas debían acreditar haber realizado el Curso de Operadores penitenciarios, que se había dictado en los Establecimientos de Ejecución Penal de Roca, Cipolletti y Viedma. Nadie corroboró esto, porqué ninguna de estas personas asistió ni figura en los cursos respectivos.
El decreto, además de circular por los organismos pertinentes, fue firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, pero también por el ministro de Seguridad y Justicia, Oscar Albrieu, y el de Economía, Alejandro Palmieri. (ADN).