Repudio desde el Senado de la Nación por la cruenta represión en Chaco.
Capital Federal.- La Senadora Magdalena Odarda presentó en el Senado de la Nación un proyecto en que se solicita del cuerpo legislativo se declare el más enérgico repudio a la represión efectuada contra una masiva manifestación de comunidades indígenas, organizaciones campesinas, gremios y movimientos de desocupados, entre otros sectores, ordenada por el gobierno de la provincia de Chaco.
El pasado 4 de junio, la policía del Chaco, a cargo del gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff, reprimió una movilización masiva con balas de goma, gases y camiones hidrantes, además de realizar una persecución por el casco céntrico de la ciudad de Resistencia a manifestantes que intentaban resguardar sus vidas y evitar que las autoridades policiales iniciaran un juicio contra un dirigente gremial.
El gobierno del Chaco reprimió por cuarta vez a la población en lo que va del año, en una nueva demostración de su menosprecio por el derecho al disenso que asiste a la ciudadanía en el marco de un Estado de Derecho. Más de mil policías se solazaron contra los manifestantes entre los que se encontraban mujeres, niños y niñas, campesinos e integrantes de distintos pueblos originarios agrupados por diversos reclamos tales como la “quita de agua a las comunidades rurales y de alimentos a las organizaciones campesinas y a la mayoría de las organizaciones sociales, las precarias condiciones de salud, y educación, la no entrega de los recursos naturales, el fin del ajuste a trabajadores con aumentos insignificantes devorados por la inflación, por descuentos a los días de paro y en contra de las salvajes represiones sufridas en estos sectores populares en varios lugares del Chaco” según consignan informes de las organizaciones convocantes.
Resultan necesarias medidas federales para asegurar la integridad física y la libertad de las personas que ejercen sus derechos básicos en democracia. Ninguna gobernación provincial puede avanzar contra esos principios rectores de nuestra vida política, que no sólo atañen a nuestro país sino que remiten a un piso mínimo de derechos garantizados a nivel internacional.
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