“Auténticos Decadentes: El dinero no es todo” ● Javier García Guerrero

Convocar a Petrobras para renovar las concesiones hidrocarburíferas que detenta hace 25 años, como mecanismo de superación de los problemas energéticos, ambientales, fiscales y financieros que ha contribuido a generarnos, emula la decisión de De la Rúa de convocar a Domingo Cavallo para solucionar los problemas derivados de la Convertibilidad.

Aparece como inverosímil que una empresa insolvente, ejecutando un megaplan de desinversión y venta de sus activos fuera de Brasil, incumplidora serial de sus contratos, demandada en la Argentina por evasión impositiva, por mora e irregularidades en el pago de regalías y en el cumplimiento de inversiones, con elevados pasivos ambientales sin remediar, sea convocada a reincidir con aval parlamentario en sus tropelías. Una empresa que ha judicializado sistemáticamente sus diferencias para eludir su cumplimiento, comprar prescripciones, pedir indemnizaciones, transferir concesiones sin explorar ni explotar, etc. Una empresa sometida en su país de origen a Comisiones Investigativas en el Senado, en la Policía Federal, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio Público Brasileño, que ha sido condenada por pagar y recibir coimas, lavar dinero y financiar ilegalmente campañas políticas. Petrobras, esa empresa responsable de estos y otros múltiples perjuicios adicionales perpetrados en contra del interés rionegrino es patrocinada por funcionarios procesados del Ejecutivo para seguir disponiendo sobre el 22% de la producción de petróleo de Río Negro durante 10 años adicionales a los 25 que lleva en la zona sin perforar un solo pozo nuevo.

En ese contexto político reclamar una aprobación a “libro cerrado” de un convenio violatorio del marco legal vigente sin siquiera dar explicaciones sobre los cuestionamientos públicos que ha recibido su redacción, aparece como temerario. Es inadmisible que no se haya informado sobre el desempeño del concesionario durante el período precedente, ni se hayan tasado las reservas prospectadas en el área, que no se haya dictaminado sobre los litigios que la empresa mantiene y pretende continuar con independencia del acuerdo contra el estado provincial, que no haya habido respuesta alguna a las objeciones de la Defensoría del Pueblo, ni desmentidas a las denuncias sobre la obtención por parte de Petrobras de un certificado de Libre Deuda de Rentas cuando adeuda a esa repartición, casi $ 80 millones, etc. etc. etc.

El incomparable texto de renovación de concesión, presentado a la legislatura no guarda ninguna relación con los protocolos, prácticas y políticas petroleras que siguen otras provincias argentinas y otros estados latinoamericanos en casi todos sus aspectos, a título meramente ilustrativo, es lícito preguntarse:

¿Por qué los Municipios Petroleros no reciben cobertura ni los concesionarios se obligan a contratar seguros contra accidentes ambientales como ha cobrado recientemente el Municipio de Comodoro Rivadavia por un derrame accidental de hidrocarburos?

¿Cuántas indemnizaciones ha cobrado el Gobierno de Río Negro, por los derrames que hemos padecido de parte de empresas petroleras que acaban de pagar en Chubut u$s 5 millones adicionales a los montos que recibió el erario público de parte de los seguros ambientales?

¿Por qué se aceptan regalías del 12% cuando en yacimientos similares el estado provincial de La Pampa cobra el 35% de regalías?

Conscientes de los flancos que ofrece la discusión pública de los términos contractuales, han pretendido limitar la acción legislativa a la adhesión o el rechazo. Han transformado la Audiencia Pública en una escenificación grotesca de vanidades, limitando el acceso a la información completa del convenio y sus anexos. Sustrayendo de la discusión los negativos informes disponibles en Edhipsa, la Secretaría de Energía Provincial y Nacional, YPF, la Defensoría del Pueblo, etc. No se han recabado como en el caso de leyes de menor impacto socioeconómico, opiniones formalizadas para el trabajo en comisión, de las Organizaciones Intermedias y las Asociaciones Profesionales. con capacidades e incumbencias en el tema. A cambio se ha reducido los tiempos de debate y análisis hasta desalentar una participación más amplia, que hubiera agregado variedad de perspectivas, asesoramiento y legitimidad

La intención es generar un evento mediático que fatigue a la audiencia con presentaciones ordenadas al azar de modo de asegurar el confuso efecto tipo “Torre de Babel” de un coro de grillos cantando a una luna oculta entre nubes de intereses y presiones verticalistas. Es difícil de interpretar la inclusión en la extensa lista de oradores de un 20% del total de legisladores invadiendo un espacio que debería estar destinado a la interrogación y la escucha por parte de los diputados que disponen para el planteo de posiciones personales y posturas políticas de espacios específicos como el trabajo en Comisión y la sesión parlamentaria.

Al igual que la Dra. Ana Piccinini, he decidido abstenerme de participar en el torneo oratorio que han denominado Audiencia Pública bajo las presentes condiciones, lo que no significa abandonar el debate, ni el estudio del tema, denunciar su banalización, insuficiencia, desnaturalización, sosteniendo la necesidad de poner en acción las fuerzas provinciales en un marco de transparencia.

Impulsada por la denuncia formulada por el propio Gobernador sobre las ofertas de negociados petroleros que con hidalguía ha rechazado, en Río Negro se ha instalado la asfixiante percepción de la existencia de una vasta trama de corrupción creciente, revelada gradual y repetidamente por periodistas, políticos y jueces, que se apoya en la impunidad y la opacidad de los acuerdos de con las corporaciones. Las mayorías en cambio sienten que el futuro no podrá ser transformado livianamente en mercadería de trueques de favores entre funcionarios, banqueros y petroleros. Este gobierno ha creído que la indiferencia ha disuelto los conflictos sociales, y que la precarización a la que nos someten nos ha hecho más cobardes, están equivocados y tendrán ocasión de comprobarlo.

Seguiremos poniendo en evidencia los enormes costos sociales de estas políticas de exclusión y privilegio, los daños ambientales, los robos embanderados para financiar la partidocracia y las fortunas personales, las muertes de trabajadores y superficiarios que oculta la desinformación, la ruina de las economías locales ya que en esto se juega el futuro y también el presente.

La economía ha pasado de la depresión a la contracción, el desempleo está en auge, la presión impositiva ha puesto en pie a las cámaras y a las PyMES, la inflación aumenta su impacto sobre la indigencia. La inversión extranjera inexistente, la interna insuficiente, aumento y crisis de endeudamiento externo y provincial, tasas de interés insostenibles, la inseguridad crece al igual que la incertidumbre, las bicicletas financieras ahogan la producción, etc. La única respuesta del gobierno son nuevas promesas y la negación de lo evidente. Los rionegrinos esperamos que el gobierno además de procurarse fondos para la próxima campaña, deje de huir hacia adelante, entregando los recursos naturales y el medio ambiente y empiece a cumplir sus compromisos electorales.

Esperamos que el gobierno emplee el diálogo para algo más que para dilatar decisiones que juzga adversas, que cese en su intención de embrujarnos con las pinceladas épicas del relato impostado, que detenga la fiesta megasueldística de los nombramientos de parientes, viudas y amiguetes y comience a gestionar con honestidad y transparencia, sin concesiones truchas, “empleados fantasmas”, presupuestos malversados y funcionarios procesados, la construcción de un destino común justo, libre y soberano sustentable para nuestra querida Provincia.

Lic. Javier García Guerrero.

Ex Director del Programa de Desarrollo de Río Negro de la Universidad Nacional de San Martín.