Odarda y Ocampos piden audiencia por uranio y dicen que en Formosa se realizó

Viedma.- La Senadora Nacional Magdalena Odarda (Interbloque FAP-UNEN-CC-ARI) y el legislador provincial Jorge Ocampos (Bloque CC-ARI), manifestaron su oposición a la iniciación de actividades en la Planta de Uranio Enriquecido de Pilcaniyeu tras los anuncios oficiales de su puesta en marcha, “debido a que no se ha realizado una audiencia pública tal como lo determina la ley General del Ambiente y la ley provincial 3266 para aquellos proyectos que impliquen riesgos para el ambiente”, fundamentaron.

Asimismo, los parlamentarios puntualizaron que “El Ministro De Vido hizo el anuncio, pero sin el espacio de una audiencia pública, estaríamos ante una violación de la legislación vigente en materia ambiental”.

Por todo ello, Odarda y Ocampos solicitarán “que no se autorice el inicio de actividades y remitirán un pedido de informes a la Secretaría de Ambiente de Río Negro”.

Por su parte, la Senadora adelantó que pedirá informes a la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Cabe destacar que desde el gobierno se habría desestimado una audiencia pública, sin embargo, la CNEA y el gobierno nacional llevaron a cabo recientemente una audiencia en Formosa, para presentar los estudios de impacto ambiental de una Planta Procesadora de Dióxido de Uranio.

“Cuáles serían los argumentos válidos para no hacer una aquí en Río Negro”, cuestionaron los parlamentarios.

“La producción de uranio enriquecido en Pilcaniyeu es un hecho que no ha dejado lugar a opiniones contrarias, y se ha impuesto oficialmente con bombos y platillos en el marco del Plan Nuclear Argentino. Se sabe que es un proyecto rechazado por organizaciones regionales desde hace varios años, debido a las consecuencias que podría tener en el ambiente cualquier incidente, afectando gravemente la salud de la población y el ecosistema”, expresaron la Senadora Nacional y el Legislador Provincial.

“A su vez, el Estudio de Impacto Ambiental no se ha dado a conocer ampliamente”, insistieron.

Por último, Odarda y Ocampos indicaron que exigirán la aplicación irrestricta de la Ley General del Ambiente por las características de este proyecto.