Más derivaciones de la causa Lotería de Río Negro. Desestiman recurso de ex funcionario
Viedma (ADN).- En actuaciones derivadas de la causa relativa a irregularidades administrativas detectadas en la Lotería de Río Negro –el ex titular de ese organismo, Miguel Irigoyen fue condenado- por mayoría el Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente inadmisible el recurso de casación que presentó el ex funcionario radical, quien además fue denunciado por el juez viedmense Jorge Bustamante por daños y perjuicios.
Irigoyen fue sentenciado a pagar $75.965 a Bustamante en concepto de daño moral.
Pero, las actuaciones tuvieron más derivaciones. Irigoyen denunció que Bustamante no se excusó cuando se lo convocó para integrar la Cámara penal frente a un envío de la Corte Suprema para resolver si había prescripto el delito de dádivas de la condena por la que Irigoyen quedó condenado a cinco años de prisión.
Ese fallo fue dictado en forma unánime y favoreció a Irigoyen, pero éste denunció al juez penal viedmense Fabio Igoldi porque no se excusó cuando era su acreedor por honorarios ya que patrocinó al actual juez camarista Jorge Bustamante en la demanda por calumnias contra el ex titular de Lotería.
Por su parte, los jueces Adriana Zaratiegui y Juan Bernardi consideraron que Igoldi actuó con imparcialidad a partir que acompañó el fallo favorable para Irigoyen.
El 24 de este mes, el STJ emitió la resolución que desestimó un recurso de casación que formuló Irigoyen ante la denuncia de Bustamante por daños y perjuicios.
En su momento, Irigoyen se agravió porque el fallo de Cámara ha violado su derecho de defensa y de la presunción de inocencia, dado que todas las acciones que llevó adelante (denuncia ante el Consejo la Magistratura, su libro Será Justicia) “no fueron más que distintas manifestaciones o expresiones de su derecho constitucional de defensa”.
También consideró que se ha afectado la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, porque “se pretende que un ciudadano con elementos objetivos suficientes que le permiten sospechar de una actuación irregular de un magistrado, no pueda siquiera formular una denuncia formal por las autoridades competentes”.
El ex funcionario provincial también señaló como uno de los puntos medulares del fallo cuestionado la afectación del legítimo ejercicio de la libertad de expresión.
Consideró que en esta causa Bustamante “no ha probado que las afirmaciones efectuadas por su parte fueron imprudentes y difamatorias, sino que por el contrario es el propio fallo el que reconoce el auto dictado por la Cámara de Apelaciones Criminal que dispuso la anulación del procesamiento y apartó al doctor Bustamante de su intervención en la investigación que se instruía; por lo que a su criterio- se puede comprobar que existieron sobradas razones para la formulación de la denuncia por ante el Consejo de la Magistratura”.
Agregó que en el libro Será Justicia “se han expresado y analizado detenidamente todas y cada una de las fuentes de las expresiones allí vertidas” y remarcó que” la cuestión que se debatió en aquel momento tanto en lo relativo a la investigación contra su persona, como a la actuación del doctor Bustamante fueron cuestiones de particular interés público”. (ADN)