Libre paso para virus y plagas ● Jorge Ocampos
El reciente levantamiento de las barreras fitozoosanitarias en los ingresos desde el norte del país a la Patagonia, no se debe analizar como un conflicto gremial común, que se arregla con nuevas condiciones salariales concertadas entre patrones y empleados.
La falta de control en esos accesos de productos animales y vegetales, puede arrasar con una larga temporada de esfuerzos compartidos entre estados y privados, e incluso con el sacrificio que se ha sometido a la población de la región patagónica, con el encarecimiento o restricción de los productos frescos que se controlan.
Puede llegar a tener repercusiones nefastas en las expectativas de productores y gobiernos, de lograr un estado sanitario óptimo, que abra mercados importantes en varias regiones del mundo, para productos generados en la Patagonia.
La Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica fue creada en 1992, por los estados provinciales patagónicos, que financian su funcionamiento con aportes anuales y su función fue y es la de controlar el acceso de plagas y enfermedades que pudieran perjudicar a la producción primaria regional, como pueden ser las moscas de los frutos y el virus de la fiebre aftosa. El funcionamiento de esta ONG es regulado por SENASA, que tiene a cargo el control de la sanidad zooagrÍcola del país.
A un conflicto como el desatado –y que puede tener continuidad en semanas próximas- no se arriba de un día para otro, ni es producto de una asamblea espontánea de trabajadores. Se cubren etapas de demandas, intentos de conciliación, etc. Levantar las barreras, como se hizo, es una medida de extrema gravedad, que se puede asemejar al levantamiento de guardias en los hospitales, para utilizar un ejemplo concreto. Se trata de servicios que no pueden ser interrumpidos. Los administradores tienen responsabilidades directas en este desenlace lamentable.
Significa que si durante más de una década se preservó la salud fitozoosanitaria de la región, el simple paso de un cargamento de mercadería infectada, puede tirar todo abajo. El conflicto, además, debe haber llegado a oídos de algunos países que han venido a la Argentina a intentar comprar productos, como pueden ser Rusia o China, por ser los más recientes. O Chile, que siempre es potencial comprador. Pero en todos los casos citados, hay un celo muy fuerte en materia de calidad y sanidad de los productos que interesan. En algunas semanas, por ejemplos, llegarán funcionarios chinos a verificar la situación de las producciones regionales.
Estas son las contradicciones inconcebibles de nuestros gobernantes nacionales y, en menor medida de los provinciales, que por un lado hablan de la necesidad de mejorar las calidades y cantidades de producciones regionales, algo que el país está necesitando como un tubo de oxígeno, pero por otro, genera estas situaciones que arruinan esfuerzos y alimentan el mal concepto que el país tiene en el exterior, en materia de sanidad vegetal y animal.
Al sumar nuestra voz a la exigencia de soluciones inmediatas y permanentes para este conflicto, también proponemos que los gobiernos signatarios promuevan una auditoria sobre el funcionamiento de la Funbapa, para saber si se está cumpliendo fielmente el objetivo para el que fue creada, se evalúe su conducción y el cumplimiento de compromisos de parte de las provincias y cualquier otro aspecto que tenga relación con la gestión de la citada ONG.
Jorge Armando Ocampos
Legislador CCARI