Pichetto: “La decisión de Griesa de bloquear el pago en el BoNY es totalmente ilegal”
Capital Federal.- Al cierre del debate por la ley de pago soberano, el jefe del bloque oficialista en el Senado, Miguel Pichetto, defendió el proyecto oficial al apuntar que “la decisión de (Thomas) Griesa de bloquear el pago en el BoNY es totalmente ilegal y es difícil que se sostenga en el tiempo”.
Pichetto sostuvo que el cambio de sede de pago de la deuda constituye “un camino muy interesante para poder sortear los bloqueos y los embargos” del juez neoyorkino, y dijo además que la sentencia que obliga a pagarle a los fondos buitre “es incumplible desde el punto de vista jurídico”.
El rionegrino recordó que Francia, la opción que el oficialismo decidió incorporar al proyecto, “es uno de los países que se ha presentado ante la Corte de los Estados Unidos a favor de la Argentina” y que eso da “garantías de que esos fondos no van a ser bloqueados” y “le permite a los bonistas reestructurados seguir cobrando”.
Senado aprobó el cambio de sede de pago de la deuda
Con 39 votos y tras un debate de más de nueve horas, el Frente para la Victoria consiguió dar media sanción a la ley de “pago soberano” para sortear los obstáculos del juez Griesa y demostrar voluntad de pago a los bonistas. La oposición votó en contra pese a que el proyecto sufrió cambios por orden de la Casa Rosada.
Tras el mal trago que debió pasar con la presencia del vicepresidente Amado Boudou, el oficialismo en el Senado dio el primer paso de cara a la meta oficial de exhibir voluntad de pago hacia los bonistas y logró aprobar este miércoles el proyecto de ley de pago soberano de la deuda, al imponer su mayoría con 39 votos.
En un debate prolongado y sin demasiados cruces, la oposición mantuvo su rechazo a la iniciativa a pesar de las modificaciones que la Casa Rosada ordenó realizar, y reunió 27 votos, de parte de la UCR, el interbloque FAP-UNEN, el Peronismo Federal y el Pro.
Hubo apenas dos abstenciones, de Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) y Magdalena Odarda (CC-ARI), que de todos modos no ahorraron críticas al texto en discusión.
El bloque oficialista defendió enérgicamente los procesos de reestructuración de deuda llevados a cabo en 2005 y 2010 y cargó contra los fondos buitre y su “complicidad” con la Justicia norteamericana, razón que motivó la propuesta para cambiar la sede de pagos.
El proyecto, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados, fue avalado en una sesión que arrancó con el condimento extra de la presencia del vicepresidente Amado Boudou, que una vez más fue vapuleado por la oposición en el marco de las múltiples causas judiciales que lo involucran.
El arco opositor en pleno volvió a protestar por la presencia del funcionario, procesado en la causa Ciccone y por la presunta falsificación de los papeles de un auto, aunque a diferencia de la última sesión que presidió Boudou, esta vez los bloques disidentes permanecieron en el recinto.
Los cruces verbales entre el Frente para la Victoria y los demás bloques, que insumieron dos horas de la sesión, terminaron con la votación de un proyecto de la UCR para apartar al vice, finalmente rechazado por la mayoría oficialista.
Una vez luego, la Cámara alta se abocó al tratamiento el proyecto de ley de “pago soberano”, la iniciativa más trascendente del año legislativo hasta el momento.
El debate
Apremiado por la necesidad de sortear el bloqueo impuesto al pago de la deuda en Nueva York por el juez Thomas Griesa y por el vencimiento de 200 millones de dólares el 30 de septiembre, el proyecto presidencial propone a Argentina o Francia como jurisdicción alternativa para los bonistas.
Sobre la marcha del debate, el FpV anunció que se incluirá la creación de una comisión bicameral que investigue la evolución de la deuda desde 1976 hasta la fecha, como lo proponían otros partidos políticos.
Así lo comunicó el senador Aníbal Fernández, miembro informante del oficialismo, quien justificó la propuesta de ley para remover al Banco de Nueva York como sede de pago de la deuda externa y cargó contra Paul Singer, Thomas Griesa, economistas “profetas del odio”, Mauricio Macri y Sergio Massa.
“Esta ley es una necesidad concreta de nuestro país”, aseguró el presidente de la Comisión de Presupuesto sobre el conflicto con los bonistas que litigan contra el país en Estados Unidos.
Fernández aseguró que el “plan” de los holdouts, en particular del bonista Paul Singer, es “atacar nuestra moneda y al gobierno, bloquear los pagos y el acceso al crédito internacional y esperar otro gobierno que les convalide la usura”.
“Tienen varios candidatos que los tienen comprados”, agregó en alusión al líder del Pro, Mauricio Macri, quien propone negociar con los fondos buitre y acatar los fallos del juez Thomas Griesa. Sin embargo, Fernández afirmó que «el negocio de los buitres no es arreglar».
Luego rechazó la propuesta alternativa presentada por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa: «el artículo 9 fija garantías para los buitres y eso es terrible». Y lamentó que desde la oposición se le haya deseado “suerte” al Gobierno nacional en la resolución del conflicto.
El neuquino Marcelo Fuentes le subió el tono a su discurso al calificar al juez Griesa como un “magistrado de cuarta”. “Acá lo que está en juego es la soberanía nacional”, advirtió.
A su turno, el oficialista Ruperto Godoy advirtió que ahora “la estrategia de los buitres es que no podamos acceder a los mercados internacionales”, llevar al país a la devaluación, “que pase el tiempo y llegue un gobierno afín que les pague lo que ellos pretenden cobrar”.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores también alertó a quienes “piden pagarle a los buitres” que si se dispara la cláusula RUFO; llevaría la deuda “arriba de los 200 mil millones” de dólares.
En ese contexto se preguntó de cara al próximo vencimiento, el 30 de septiembre, si “vamos a ir de nuevo al BoNY para que nos sigan bloqueando esos bonos”, por lo que defendió la propuesta oficial de poner otro agente fiduciario.
Por el radicalismo, la mendocina Laura Montero consideró que el proyecto “no soluciona absolutamente nada” en lo referido al conflictos con los fondos buitre. “A lo sumo pretenden buscar tiempo, dilatar la situación, pero creo que podría haber habido otros mecanismos”, opinó, sin especificar propuestas alternativas.
En ese orden, Ernesto Sanz opinó que “no es necesaria una ley” para remover al BoNY como agente de pagos, ya que “se lo puede hacer de la misma manera” que “cuando se lo nombró y se determinaron las condiciones, con decretos y resoluciones”.
Otro radical, Eugenio “Nito” Artaza lamentó que “no se haya consensuado una señal fuerte a esos fondos especulativos”, ya que “no es lo mismo que vaya a negociar un ministro en soledad, que si va con la legitimidad política del Congreso de la Nación”.
En el interbloque FAP-UNEN-CCARI se escucharon diversos argumentos. Jaime Linares consideró por su parte que “los cambios a último momento al proyecto sobre la deuda son una prueba irrefutable de la improvisación de todo el proceso de negociación del Poder Ejecutivo”.
“Varios de los próximos gobiernos tendrán que hacerse cargo de este conflicto”, auguró el bonaerense, quien advirtió que el Poder Ejecutivo ha aplicado las facultades delegadas para negociar la deuda, pero “ahora que la situación los ahoga pretenden compartir el fracaso”.
Su par Fernando “Pino” Solanas exigió investigar la legitimidad de la deuda tal como concedió finalmente el oficialismo y arguyó que “cuando el barco se hunde, el Gobierno le pide un salvavidas al Congreso con una ley que difícilmente pueda resolver algo”.
En tanto, Magdalena Odarda (CC-ARI) justificó su abstención en el proyecto de pago soberano al afirmar que “intenta que el Congreso lave las responsabilidades políticas del manejo ineficiente por parte del Gobierno en materia de deuda”.
“Las deudas deben pagarse siempre, pero las estafas no, y este Gobierno ha sido funcional para que esta estafa siga siendo un enorme problema para la Argentina”, agregó.
Gabriela Michetti insistió con la postura del Pro en relación a que el Gobierno debe cumplir con el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa: “No debemos poner en tela de juicio el cumplimiento de compromisos internacionales”, sostuvo la macrista.
Sin embargo, cabe aclarar que el Pro se manifestó a favor del artículo que crea la comisión bicameral para investigar la evolución de la deuda.
La ley de pago soberano
“En ejercicio del poder soberano” del país, el primer artículo del proyecto declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en 2005 y 2010, así como “el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al 100 por ciento de los tenedores de títulos públicos”, esto es, tanto a los bonistas que entraron a los respectivos canjes como a los holdouts que litigan contra Argentina.
El objetivo de la norma es “implementar instrumentos legales” que permitan el cobro de la deuda a todos los bonistas, ante la “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos” depositados por el Estado argentina en el Banco de Nueva York el 26 de junio pasado, medida dispuesta por el juez Thomas Griesa. Según el Poder Ejecutivo, este bloqueo es “violatorio tanto de la soberanía e inmunidades” de Argentina “como de los derechos de terceros”, en alusión a los bonistas que se ven impedidos de cobrar esos fondos.
Por eso, el proyecto autoriza al ministro de Economía a remover al Banco de Nueva York como agente fiduciario y a reemplazarlo por Nación Fideicomisos S.A., creada para tal fin en el Banco Central de Argentina. No obstante, la propuesta reconoce el derecho de los tenedores de bonos de designar otro agente de otro país que garantice el canal de cobros, incluso Estados Unidos.
Este martes, el oficialismo anunció que también incluirá a Francia como otra sede de pago, algo propuesto por el Frente Renovador.
Por otra parte, la iniciativa autoriza al Ministerio de Economía a “instrumentar el canje” de los títulos públicos que aún no ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010, entre los que se encuentran los fondos buitre.
En este sentido se crea una cuenta especial en Nación Fideicomisos para que el Gobierno deposite, en las fechas de vencimiento correspondientes, “una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios” de los títulos que se emitan en el futuro en reemplazo de aquellos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
Según el Poder Ejecutivo, esta cuenta especial se abre “en virtud de la buena fe de Argentina, y de su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas para todos sus acreedores, según la interpretación convencional y generalmente conocida como pari passu”.
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