Poder Ejecutivo pagaba sueldo a cientos de empleados que no tenían contrato firmado
Viedma (ADN).- El Poder Ejecutivo pagó durante meses sueldos a cientos de trabajadores que no tenían su contrato correspondiente finalizado, lo que demuestra la improvisación y las irregularidades que siguen cometiendo los funcionarios provinciales. Esta situación involucra por lo menos a los Ministerios de Gobierno, Seguridad y Desarrollo Social, la Secretaria General y el IPROSS. Este mes se resolvió no pagar a varios trabajadores.
Un nuevo escándalo se generará en los próximos días porqué se conoció que cientos de trabajadores recibieron sus haberes en forma irregular, porque la contratación de sus tareas no estaba respaldada por el acto administrativo correspondiente.
Esta situación, donde los controles no son los adecuados y las irregularidades pasan de oficina en oficina, fue la que permitió que se pudiera concretar fácilmente los nombramientos de tres funcionarias truchas y de otros tantos agentes de seguridad, en el conocido caso Limardo, que está en investigación en la Justicia provincial.
Según pudo conocer ADN, en Gobierno hay nueve trabajadores que no cobraron y en Seguridad cuatro por no tener el expediente de su contrato concluido, pero que realizaron tareas. También habría casos similares en la Secretaria General de la Gobernación, en el IPROSS y en el Ministerio de Desarrollo Social.
El problema, además de la irregularidad que cometieron las autoridades, es que los trabajadores vienen hace meses cumpliendo sus funciones y muchos de ellos entregaron la documentación correspondiente hace tiempo. Esos trabajadores ahora tienen que afrontar un mes o varios sin ingresos.
La irregularidad está en conocimiento de las autoridades provinciales e incluso hubo un decreto de delegación de facultades para que se firmaran los correspondientes contratos los ministros, pero este venció el 31 de agosto.
Por último, trascendió que hubo incluso una reunión hace unas semanas entre representantes de los distintos Ministerios y gente de la Contaduría General para poner fin a esta irregularidad (ADN).