Fuga de presos ● ADN

¿Es posible ofrecer seguridad a la ciudadanía de Río Negro cuando no hay seguridad carcelaria? Un interrogante que el gobierno provincial no puede responder ya que el sistema penitenciario rionegrino presenta una fragilidad sin par en el país.

Mientras tanto nada pareciera inquietar al gobernador Alberto Weretilneck, porque el ministerio de Seguridad sigue vacante desde la renuncia de Oscar Albrieu, y es área es conducida por joven abogado viedmense Gastón Pérez Esteban de escasa experiencia en la materia y que llegó a ese puesto, por un supuesto arreglo personal con el hijastro de Albrieu.

Mientras estas cosas suceden en Río Negro el Jefe de Policía, Fabián Gatti, está con nulas posibilidades de aportar al tema, porque se encuentra en un lejano país asiático.

Río Negro estuvo por ingresar al libro de los records guinness cuando en el 2013 se fugaron más de 54 presos de los establecimientos penitenciarios y comisarías, en situaciones novelescas, como aquel que se escapó en silla de ruedas, otro con muletas, o los que abrieron las puertas del patrullero que los transportaba y ganaron la calle, los 12 internos de la cárcel de Roca, que se fugaron por un túnel que las autoridades tardaron en tapar y que permitieron al poco tiempo otra fuga, o el que desarmó los bujes de una puerta del penal roquense, el que escapó mientras hacía prácticas de rugby y los presos barilochenses que escaparon por los techos.

El gobierno no sabe qué hacer en materia de seguridad y carcelaria, porque carece de políticas de Estado en el tema. El Servicio Penitencia de Río Negro fue intervenido por el gobernador en los inicios de la gestión y luego se avanzó en la normalización en épocas de Miguel Bermejo, con la renuncia deWalter Puebla Morón y la designación como interventor normalizador del entonces subsecretario de Seguridad y Justicia provincial, Fernando Azcoaga.
Se avanzó en un sistema con mayor presencia del guardia cárcel no policía, personal civil de apoyo como médicos y psicólogos y otras medidas para evitar la superpoblación. Estas propuestas fracasaron –entre otros motivos- por falta de recursos que tendría que haber asignado el Poder Ejecutivo.

Las últimas modificaciones introducidas a mediados de este año estuvieron relacionadas con otorgar mayor protagonismo a los uniformados en el control y represión interna. Por decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobernador estableció una serie de modificaciones a la Ley 4283, como instaurar el estado penitenciario de todo el personal del Servicio Penitenciario Provincial, lo que significa que este personal está las 24 horas a disposición de los jefes de los penales.
Al igual que la Policía de la Provincia, el personal del SPP no podrá efectuar peticiones en forma colectiva que afecten o atenten contra el normal desenvolvimiento laboral en los penales, como asimismo se prohíbe a partir de este Decreto Ley la afiliación gremial en el SPP.

Las Direcciones serán nombradas por disposición del Director General del Servicio Penitenciario Provincial, eliminándose el requisito de concurso de oposición y antecedentes.

El gobernador decía el día que anuncio estos decretos: “Consideramos que estas modificaciones son absolutamente imprescindibles para que el personal del SPP cumpla para lo cual el Estado provincial les abona su salario, que es el normal desempeño de sus tareas en los penales para evitar la fuga de presos y que las condiciones laborales y de detención de los presos sean las que marca la Constitución”.
Nada de esto parce que funcionó.

Ante la reciente fuga de los seis internos de la cárcel de Roca, la actuación oficial devino en un papelón. Se dio el nombre de los presos fugados y luego resultó que tres de ellos nunca se habían ido del penal y eran otros los que habían escapado, la actuación de los guardias armados que controlaban el perímetro de la cárcel fue dudosa y las explicaciones del ministro Di Giácomo rayanas en el ridículo. Sólo faltó pedir perdón y avisarles a los presos que dejen anotado bien claro el nombre y apellido antes de fugarse.

Habrá renuncias, penas y sumarios, pero nada se resuelve de fondo en esta problemática, porque así fue en estos tres años de gobierno.