El último round ● ADN

Tanta formalidad llama a desconfiar. El comunicado oficial del alejamiento de Pablo Bergonzi señalando que el gobernador destacó “la importancia del acompañamiento de la conducción de la Fiscalía de Estado a algunas decisiones del Gobierno, así como las sanas observaciones y modificaciones planteadas en otros casos, que permitieron el correcto desarrollo de las acciones en el marco de la institucionalidad de la provincia” es poco creíble en el marco de la desconfianza que ambos se dispensaron en la función de gobierno.

Bergonzi llegó de la mano de Carlos Soria y siempre mantuvo lealtad a ese origen y al intendente roquense Martín Soria. Weretilneck lo ratificó en el cargo y le otorgó amplios poderes en los temas jurídicos que le permitió monopolizar los juicios del Estado, con importantes ingresos a su peculio personal, pero a la par –fiel a su estilo- el gobernador le perdió confianza con el paso del tiempo y a la luz de las conductas del abogado sorista.
El clima entre la Fiscalía y la Casa de Gobierno era insostenible, pero Weretilneck poco amigo de las soluciones drásticas dejó que la fruta madurara en la planta hasta que cayera por su propio peso. Esto fue lo que sucedió, porque de otro modo tendría que haberse sustanciado un proceso de juicio político, y ya tiene demasiado con la causa del Tribunal de Cuentas.

Existe una situación nunca vista que se inscribe en la deficiente calidad institucional de la actual administración, el juicio político al Tribunal de Cuentas, enfrentamiento con el Fiscal de Estado, Labor Parlamentaria que se autoconvoca, defensorías y cárceles en estado de emergencia, abuso de la norma excepcional del pago por legítimo abono en la administración financiera rionegrina, acefalía en el ministerio de Seguridad, a la vez que se suceden casos policiales sin resolver y crece la inseguridad,

Julián Fernández Eguia fue el elegido por Weretilneck para ocupar la Fiscalía de Estado. Un joven abogado que llegó a la administración en la época del radicalismo, colaborador de Ana Piccinini en la Defensoría del Pueblo, se desempeñó como funcionario del Ipross con el advenimiento del peronismo y luego fue designado secretario Legal y Técnico de la Gobernación, en reemplazo de Dolores Cardell, amiga del gobernador que fue nombrada en el Tribunal de Cuentas para alcanzar su jubilación en los primeros meses del año próximo.

Fernández Eguía fue puesto en esas funciones para hacer hará lo que solicite el gobernador. No habrá peleas subterráneas como sucedió con el fiscal renunciante. Fuentes que dan cuenta de la virulencia de ese enfrentamiento sostienen que Bergonzi tenía guardado en su celular “sabrosos” mensajes de textos del gobernador, que el abogado roquense guardó e hizo certificar, ante una posible “apretada”. Otros trascendidos aseguran que el mandatario también tenía otras “pruebas” que ponían en delicada situación al renunciante.

Por otra parte Bergonzi resultó beneficiado al salir del procesamiento dictado por el juez Fabio Igoldi en la causa del seguro de vida de Carlos Soria y la empresa estatal Horizonte, merced a la necesidad de Weretilneck de “salvar” a varios funcionarios.

La sangre no llegó al río y entonces podría decirse que “los argumentos” del mandatario fueron más poderosos y ganó la dura pulseada, que ahora para disimular la secretaría de Medios de la provincia trata de convencer que todo fue en términos amables y corteses.

Un nuevo cambio se concretó en el gobierno y una vez más le cuesta encontrar colaboradores de experiencia y peso específico profesional y político. Ahora deberá elevar a la Legislatura la propuesta de Julián Fernández Eguia y conseguir que los legisladores voten a su nuevo Fiscal de Estado. Si faltan votos recurrirá a la “Nueva Mayoría” con los seis radicales, que siempre tiene un costo.