Legislativos a punto de perder terrenos en Las Grutas

Viedma (ADN).- Los interventores del Fondo de la Vivienda y Turismo Social de la Legislatura deberán dedicarse inmediatamente a solucionar no sólo los problemas que generó la venta indiscriminada de terrenos en cercanías del Barrio Jardín de Viedma, sino que, además tendrán que comunicarse con el intendente de San Antonio Oeste, Javier Iud, para solicitar una prórroga que les permita cumplir con el contrato y no perder los terrenos adquiridos para los empleados legislativos.

En febrero del 2011 el secretario general de APEL, Alejandro Gatica, compró – con dinero del Fondo de la Vivienda – 4 mil metros cuadrados de tierras fiscales en Las Grutas. Se trata de parcelas 1, ubicada en la manzana 977 b, entre las calles Bahía Rosas, El Pescadero y Golfo San Jorge.

Gatica prometió que a finales del 2011 ya habría una parte construida y «de esta manera todos los legislativos y sus familias tendrían un lugar propio para descansar a un precio muy razonable».

Pero la verdad fue muy distinta y pese a que ininterrumpidamente se le transfirió sin problema fondos hasta fines del 2013, el secretario general no realizó la más mínima mejora en el lugar, que ahora está clasificado como sitio “baldío”.

No sólo eso, durante ese mismo año, en el mes de setiembre APEL adquirió más tierras, pero ahora en el balneario El Cóndor, con el fin de construir allí un complejo turístico de similares características al que ya estaba proyectando en Las Grutas. Tampoco en este lugar se construyó nada.

Según el contrato de preadjudicación, APEL estaba obligado a construir en la parcela una superficie mínima de 920,23 m2 y máxima de 3580,90 m2 con destino a servicios turísticos.

APEL compró esas tierras en Las Grutas por un total de 308.275 pesos de contado, con el compromiso de efectuar una construcción e instalaciones complementarias con destino a servicios turísticos. El proyecto definitivo debió haber sido presentado dentro de los 12 meses a partir de la firma del contrato y comenzar las obras en un plazo de 18 meses, de acuerdo al plano aprobado por el Municipio.

Se estableció que al vencimiento “de cualquiera de los plazos estipulados”, sin haberse cumplido con las obligaciones fijadas, se produciría la caducidad de la preadjudicación del terreno, sin necesidad de intimación previa, con la perdida de las sumas abonadas y de la posesión del inmueble.

Según detectó el Tribunal de Cuentas en su auditoría, el terreno se encuentra en estado de baldío y no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la clausula 3º del contrato de preadjudicación, por lo que se puede perder el terreno si los interventores del Fondo de la Vivienda, no accionan inmediatamente.

Además se confirmó que APEL tiene una deuda en concepto de tasas retributivas por un monto de 14.482 pesos.

Los integrantes del órgano de control sostienen que APEL “no ha dado cumplimiento con la obligación principal de construcción, la que comprende la presentación del proyecto definitivo y planos de obra cuyo vencimiento operó al 21 de febrero del 2012 ni la de comenzar las obras, obligación que venció el 21 de agosto del 2012”.

En virtud de los incumplimientos, la Municipalidad de San Antonio Oeste se encuentra en condiciones de denunciar la caducidad del contrato de preadjudicación, con la perdida de las sumas ya abonadas por APEL.