Categoría: Opinión

El 29 de diciembre del año 2011, ni bien el Frente para la Victoria asumió el gobierno de la provincia de Río Negro, en medio de serias contradicciones y promesas incumplidas, la mayoría oficialista de la legislatura derogó la ley 3891, llamada también ley anticianuro.

Como Legisladora de la Provincia de Río Negro tengo la responsabilidad de transmitir las acciones emprendidas durante este año 2012  que en breve ha de concluir.

Luego de transcurrido el año político, el saldo negativo de la organización nos posiciona por primera vez en nuestros casi 40 años de  historia ante un cambio de paradigma gremial, dejar de ser una organización de defensa irrestricta de la Escuela Pública , de los Trabajadores de la Educación,

Cuando se analiza en perspectiva la historia política de Río Negro uno no puede menos que admirar aquellas administraciones que dejaron una impronta de responsabilidad, de trabajo, de probidad, de capacidad y de grandes esfuerzos para afrontar las adversidades propias de cada tiempo.

La aparición de Miguel Saiz, como candidato “muleto” a Senador del kirchnerismo, anunciada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para el caso de que el candidato oficial del FPV pierda el apoyo Nacional como producto del internismo del FPV y la No Gestión  del Gobierno Provincial y sus correlatos Municipales, proyecta un escenario novedoso para el año 2013.

Por estas horas se cumple el primer aniversario de la trágica desaparición del gobernador Carlos Soria y en consecuencia también estamos cumpliendo un año desde que Alberto Weretilneck se hizo cargo del Ejecutivo provincial.

Intentando ejercer el “Derecho a Réplica” al ser incluido mi nombre, apellido y supuestas declaraciones mías, en una nota del Sr Carlos Pagni, titulada “Los saqueos, un muestrario de las miserias políticas”, y publicada en la tapa del Diario La Nación del día 24 de diciembre de 2012, debo realizar las siguientes aclaraciones:

Rechazo las expresiones del Gobernador del la Provincia Alberto Wereltinek, haciendo responsable a la Unión Cívica Radical, por los sucesos de la Ciudad de Bariloche. Esto se enmarca en un acto de irresponsabilidad nada apropiado para un primer mandatario, en lugar de acusar, debiera asumir la responsabilidad que le cabe para el caso.